Con la llegada de una nueva empresa de buses para darles el servicio, los vecinos de barrio México y barrio Claret, en San José, pretendían recorridos con tarifa más baja, pero fracasaron en su intento.
La Asociación de Desarrollo de esas comunidad presentó el 16 de julio un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, al considerar injusto que el Consejo de Transporte Público (CTP) permitiera a la empresa autobusera Lared Limitada operar el recorrido San José-barrio México con el mismo pasaje que el antiguo operador, Guilial S.A.
A criterio de los usuarios, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) debía aplicar la fórmula de cálculo de tarifas para bajar el costo.
El conflicto se originó con la decisión de Guilial S.A., en junio pasado, de renunciar a la concesión de las rutas San José-barrio Escalante-UCR, San José-barrio México y San José–barrio La Cruz debido a la negativa de la Aresep de aprobarles un alza en las tarifa, pese a que el cálculo tarifario hubiera dado resultados a la baja. Por esa razón, dejaron de dar el servicio el 17 de julio.
Como lo admitió el propio autobusero, si se le aplicara el modelo, el trayecto San José-barrio Escalante-UCR pasaría de ¢255 a ¢120; el trayecto San José-barrio México de ¢130 a ¢60, y San José-barrio La Cruz de ¢180 a ¢90.
Ese fue el principal argumento de Nidia Aguilar Sancho, presidenta de la Asociación de Desarrollo de barrio Claret y barrio México, para acudir a la Sala. Ella consideraba justo que las autoridades de transporte aplicaran ese modelo de cálculo a la empresa que asumiría el servicio, antes de que comenzaran a trabajar en su comunidad.
"¿Por qué vamos a tener que pagar una tarifa más cara cuando, reitero, hemos presentado y reiterado solicitudes para que se corra el actual modelo (tarifario)?", expuso la líder comunal en el recurso de amparo.
Los magistrados; sin embargo, ni siquiera entraron a conocer el fondo del reclamo y lo rechazaron de plano. El 21 de julio respondieron que el tema "excede el ámbito de competencia de la Sala" y que el asunto debe ser resuelto por el CTP y la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).
"(...) Este Tribunal no es un contralor de legalidad ni una instancia más de la Administración, de modo que no le corresponde revisar si para el caso de la actual empresa permisionaria de la ruta N°16, se le deben aplicar o no las mismas condiciones tarifarias ofrecidas por la anterior empresa", indicaron los magistrados en la sentencia de este caso.
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El modelo de cálculo tarifario fue aprobado en febrero de 2016 y se aplicó a partir de agosto. Desde entonces, solo ha resultado en reducción de pasajes. La situación provocó molestias a los autobuseros, para quienes la fórmula es errónea y deja por fuera un serie de costos de operación.
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Precisamente, las empresas Guilial S.A. y Biusa, que dan servicio en las rutas de La Uruca, suspendieron el servicio en protesta contra la Aresep, que no les aprueba tarifas de salvamento. Ellos alegan sufrir un "desequilibrio financiero". Ambas firmas pertenecen al mismo propietario.