Revisar cada una de las cláusulas de las convenciones colectivas de trabajo vigentes en el país, es la tarea que se propone el gobierno de Luis Guillermo Solís de aquí al cierre de su administración.
La tarea de escudriñar los acuerdos entre entidades públicas y sindicatos recae sobre la Comisión de Convenciones Colectivas del Sector Público, integrada por el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Hacienda y el Servicio Civil.
La Comisión existe desde el 2001, pero, según Víctor Morales, ministro de Trabajo, hasta ahora se examinarán las convenciones de manera integral.
La revisión empezó hace dos semanas, con la convención colectiva de los empleados de Acueductos y Alcantarillados (AyA), y seguirá con la del Instituto de Desarrollo Rural (Inder).
¿Cómo pretenden tener impacto sobre las convenciones colectivas si los criterios de la Comisión no son vinculantes?
Le explico: la Comisión va a conocer las convenciones colectivas conforme se acerque su fecha de vencimiento. Nosotros vamos a ver los proyectos de convención. Una vez conocidos, esos proyectos se establecen y se aprueban ciertos límites; la renegociación debe estar dentro de esos límites. Nosotros no esperaríamos que haya ninguna institución que luego vaya más allá de los límites acotados en la Comisión negociadora.
¿Cuál va a ser la línea de trabajo de esta Comisión?
La línea de trabajo es: número uno, las renegociaciones de las convenciones colectivas que se hagan deben estar ajustadas a las posibilidades presupuestarias y los requisitos legales. Además, a nosotros nos interesa muchísimo –y así lo ha indicado el señor presidente– que se renegocie y se revisen cláusulas que, según la evaluación de los jerarcas de las instituciones, sean excesivas. ¿Cuáles son esas cláusulas? Pues hay que revisarlas en cada una de las convenciones.
¿Cuáles son los criterios para afirmar que una cláusula es abusiva o excesiva?
Por ejemplo, si hay una convención colectiva en la que a los trabajadores se les otorga una semana de licencia porque se van a cambiar de casa o van a usar recursos de la institución porque se van a mudar, eso no puede ser.
”Ese tipo de beneficios fueron negociados en un contexto, pero en el contexto actual, esas cosas no se justifican. Le pongo ese ejemplo y podría haber muchos más.
”Todo dentro de la convención tiene que estar bajo los parámetros de austeridad y de uso responsable de los recursos públicos. Ese es el mensaje que ha dado el señor presidente. Deben renegociarse todas las convenciones colectivas”.
La vigencia máxima de una convención es de tres años. Eso quiere decir que, durante esta administración, se podrían renegociar todas.
Conforme las convenciones van venciendo, se van a abrir los espacios de renegociación.
¿Qué pasa si los sindicatos se resisten a renunciar a ciertas concesiones?
Lo que pasa es que la convención es un instrumento que nace en un marco de negociación; recoge el acuerdo de las partes sobre las condiciones de trabajo y no puede haber imposiciones, pero el mensaje es claro: cuando llegue el momento de renegociar las convenciones, debe hacerse bajo criterios de austeridad. La Administración debe tener la determinación de decirles a los trabajadores y a sus sindicatos que hay cláusulas que no pueden conservarse.
¿Se han hecho revisiones como esta en otras administraciones?
La verdad es hasta ahora que estamos empezando con este proceso. Desconozco cómo han operado otras administraciones.
”Este Gobierno no será mano suelta. Vamos a ser un Gobierno empeñado en cuidar los fondos públicos. A eso responde esta tarea.
Hay decenas de fallos de la Sala IV en los que declaran inconstitucionales muchos de los beneficios negociados en las convenciones. ¿Por qué se encuentran tantos excesos en estos acuerdos?
Bueno, esa es una buena pregunta para los que se sentaron a negociar una convención colectiva. Tenemos muy claro que está de por medio el uso de recursos públicos.
”Además, desde el 2001, la negociación tiene que estar bajo los criterios que establece el decreto que creó la Comisión, incluyendo las diferentes sentencias de la Sala Constitucional.
Pero ¿qué llevó a los jerarcas de turno a ceder frente a los sindicatos? ¿Eran juez y parte?
Por eso, uno de los elementos, indicados por el decreto del 2001, excluye a una serie de funcionarios de los beneficios de las convenciones. Eso fue muy importante: tiene que excluirse a los jerarcas que se sientan a negociar con los sindicatos porque me parece que ahí es donde ha estado parte del abuso.
”De pronto, los beneficios que se negociaron terminaron beneficiando a quienes se sentaron en la mesa de negociación”.
¿Cuál va a ser el modelo de las nuevas convenciones colectivas?
Primero, reconocemos el derecho a negociar condiciones de trabajo en el sector público; pero creemos que la línea no debe ser dar y dar sin nada a cambio. Además, creemos que podrían incluirse planes para medir el desempeño y, a partir de ahí, se darían los incentivos a los trabajadores.
Esta es la segunda vez que usted es ministro de Trabajo. ¿Por qué no propuso esta evaluación anteriormente?
Cuando se firma el decreto del 2001, yo ya me había retirado del Ministerio, pero ese decreto y su reglamento es producto de la administración Rodríguez, de la cual yo participé y en ese tiempo se dio todo un debate sobre esto; esa es mi responsabilidad sobre este tema.
”Ahora tenemos este instrumento y pretendemos usarlo. De parte nuestra existe interés. Es una de las principales preocupaciones del Poder Ejecutivo”.
¿Por qué no se conoce el dato consolidado de cuánto le cuestan las convenciones al Estado?
En eso hemos sido claros. No se conoce un dato con exactitud y es algo en lo que estamos trabajando porque estamos preocupados por esta situación.