La Universidad Nacional (UNA) presentó una acción de inconstitucionalidad para anular el pago “irracional” de horas extra a sus 3.000 empleados.
La acción, presentada ante la Sala IV el pasado 21 de octubre, pide anular la frase final del artículo 10 de la Convención Colectiva de la UNA, el cual establece la fórmula para la cancelación del tiempo extra laborado.
Esa normativa indica que las horas extra de los funcionarios se pagarán doble. Además, fija un factor de cálculo denominado 173.33, que permite engrosar aún más esa remuneración.
Ese factor toma en cuenta el número de semanas del año y las horas trabajadas durante cada una de ellas.
Por ejemplo, un empleado de la UNA con un salario de ¢500.000 mensuales y una jornada de 240 horas al mes, gana ¢2.083 por hora, pero por cada hora extraordinaria recibe ¢5.769.
Según el Código de Trabajo, a ese mismo trabajador se le debería pagar ¢3.125 (tiempo y medio). Sin embargo, la metodología aprobada por la convención colectiva hace que la Universidad pague hasta un 54% más.
Gerardo Solís, asesor jurídico de la UNA, manifestó que el Consejo Universitario ordenó gestionar la anulación de esta metodología, pues la consideran desproporcionada.
“Se está considerando que hay un exceso en el uso de los fondos público y en los beneficios acordados en la convención, porque, de todas maneras, el artículo 10 ya contiene un beneficio adicional que es el pago doble”, manifestó Solís.
Por su parte, el Sindicato de Trabajadores de la UNA (Situn), defiende la legalidad de este beneficio que han disfrutado por más de 40 años.
“Este beneficio no es algo nuevo, no se introdujo el año pasado, se viene aplicando desde hace más de 40 años en la Universidad”, manifestó Andrea Soto, abogada del Situn.
La representante legal negó que este tipo de pago represente un abuso en la utilización de los fondos públicos.
Los magistrados admitieron para estudio la solicitud del centro de enseñanza y el próximo 2 de diciembre recibirán los alegatos por escrito de Situn.
Contradicción. Sandra León, rectora de la UNA, admitió que la fórmula cuestionada fue ratificada dentro de la convención durante su actual gestión.
Anteriormente, el pago se hacía pero como una costumbre; es decir, no estaba formalizado en ningún reglamento ni convenio.
“Si es un derecho adquirido, la Universidad estará en la legalidad de seguir pagando extras de esa forma. Si la Sala IV manifiesta lo contrario, nosotros estaremos en condición de revertir la situación”, comentó la rectora.
Añadió que, en su caso, no cobra horas extra y tampoco las cobrará cuando regrese a su puesto habitual, al dejar la Rectoría.