“La caldera está en ebullición (...) Nosotros consideramos que muchas de estas cosas (la revisión de convenciones colectivas) se van a tener que defender en las calles”.
Esa es la reacción de Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), al ser consultado sobre la revisión y recortes de las convenciones colectivas anunciadas por el Gobierno.
“Se está fermentando un coctel peligroso de confrontación con este enfoque, se está alimentando la hoguera de la confrontación social con todos estas cosas”, añadió el líder sindical.
No obstante, Vargas no precisó cuándo estarían tomando las calles para reclamar.
La misma posición tiene el Sindicato de Trabajadores de Acueductos y Alcantarillados (Sitraa).
En un comunicado de prensa, Sitraa manifiesta que “ejercería en conjunto con las demás organizaciones sindicales las medidas de presión”.
La Nación publicó el pasado 5 de diciembre que la Administración se negó a aumentar los beneficios de la convención del AyA, los cuales le costarían a la entidad ¢3.500 millones anuales.
Entre los cambios más significativos estaban modificaciones en el sistema de pagos de salarios –pasar de pago quincenal a bisemanal– y reducir el tope de cesantía de ocho a 20 años.
Estos ajustes, según el Ministerio de Trabajo, elevarían el costo de la planilla del AyA en ¢2.745 millones por año.
Manuel Rodríguez, secretario general de Recope, aseguró que existe una clara persecución contra los contratos colectivos de trabajo en el sector público.
“El tema de convenciones es un asunto para mejorar las condiciones de los trabajadores, sino nos quedaríamos solo con lo que dice el Código de Trabajo”.
En ese mismo mes, el Gobierno anunció que revisaría cada una de los contratos colectivos para eliminar supuestos abusos.
La Comisión de Negociaciones de Convenciones Colectivas, presidida por el Ministerio de Trabajo, ya revisó la del AyA y está inspeccionando las de Recope, Japdeva y el Instituto de Desarrollo Rural (Inder).
Sara Salazar, presidenta ejecutiva de Recope, explicó que la denuncia de su convención pretende inspeccionar cada uno de los artículos para eliminar abusos en el uso de fondos públicos.
Hacienda reconoció, en octubre , que desconoce el costo de las convenciones.