El Gobierno propuso, la tarde de este martes, a los sindicatos que los salarios del sector público para el próximo semestre crezcan un 0,01%, esto significa ¢10 por cada ¢100.000.
Mientras tanto, para los trabajadores que devengan los sueldos más bajos —menos de ¢442.000— el alza sería sería de 0,75%.
Los representantes gremiales rechazan, en forma rotunda, la propuesta gubernamental.
"¡Es una cochinada!", manifestó Gilberto Cascante, presidente de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), al entregarle a la prensa una copia de la propuesta del Poder Ejecutivo. El dirigente divulgó el documento tras 25 minutos de reunión entre representantes de ambos grupos.
El encuentro comenzó minutos antes de las 3 p. m. y se extendió por hora y media, en el cuarto piso de la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema). En la cita participó una veintena de personas.
"El conjunto del movimiento sindical no va a respaldar la propuesta del Gobierno. Nosotros incluso les dijimos que si quieren publicar el decreto ya lo pueden hacer, pero no van a tener el respaldo de las organizaciones sindicales", sentenció Wálter Quesada, secretario adjunto de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).
La administración Solís sostiene que la propuesta se ajusta a la metodología de cálculo oficial, la cual toma como referencia al índice de precios al consumidor, (IPC) calculado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Inec), según el cual la inflación acumulada del primer semestre del 2016 fue de 0,01%.
"Inflación baja es incremento salarial bajo, inflación alta es incremento salarial alto, y la única excepción que hacemos es con la gente que tiene salarios muy bajos, porque somos conscientes de que, sobre todo si tienen varios hijos y otras situaciones, pueden andar cerca de una situación de vulnerabilidad", explicó Alfredo Hasbum, viceministro de Trabajo.
Por su parte, el Ejecutivo sostiene que un 0,01% de aumento será suficiente para que los trabajadores públicos puedan satisfacer sus necesidades.
"Las acciones tomadas por el Gobierno de la República han dado por resultado un control de la inflación de forma tal que el costo de la vida refleja pocas variaciones, lo cual garantiza a los y las trabajadoras, mantener el poder adquisitivo de sus salarios", asegura el Gobierno en el documento entregado a la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público.
Aunque este martes se inició la discusión, Hasbum, informó de que habrá otra reunión el 4 de agosto para escuchar otros tres planteamientos que harán los representantes laborales. No obstante, adelantó que el encuentro se hará "por respeto", pero reconoció que es "muy difícil" que el Gobierno ceda y decrete un aumento superior.
El ajuste que se firme será retroactivo al 1.° de julio.
Fórmula en discusión. Durante la reunión, los representantes gremiales insistieron en la necesidad de cambiar la metodología con la que cada semestre se calcula el incremento salarial del sector público.
En ese sentido, el Ejecutivo accedió a sostener una reunión para que los sindicatos presenten sus propuestas. El encuentro se realizará el 18 de agosto en la mañana, contó Quesada.
La Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) ya presentó una alternativa.
"El 10 de marzo, en el seno de esta comisión, presentamos una nueva metodología de cálculo salarial que incluye la productividad. Mientras eso no ocurra y no se discuta una nueva metodología, vamos a seguir alrededor de este mismo proceso de congelamiento salarial. Por eso aprobamos discutir esta nueva propuesta", manifestó Ricardo Molina, presidente de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE).
Hasbum aseguró estar dispuesto a discutir las alternativas que los gremios presenten.
"El Gobierno lo que ha dicho es que tenemos un índice oficial que genera el Inec (...). Lo que les hemos dicho a los señores y señoras sindicalistas es que cuando nos presenten técnicamente objeciones a la forma en la que se calcula la inflación, nosotros con mucho gusto las vamos a revisar", comentó.
Aún así, fue superior a la solicitada por el sector patronal, el cual pidió que no hubiera ningún aumento, mientras que los gremios abogaban por alzas de entre el 2,13% y el 3,5%.
Para las trabajadoras domésticas, se decretó un crecimiento salarial del 2%.
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Acuerdo anterior del sector. Al cabo de la negociación para el ajuste salarial del primer semestre de este año, el Gobierno decretó un aumento de entre 0,25% y 1%, pero solamente para los trabajadores de la clase no profesional que devengaban menos de ¢439.000.
Tal ajuste significó un aumento desde los ¢250 hasta los ¢1.000 por cada ¢100.000 de salario.
La decisión causó indignación entre los sindicatos, los cuales reclamaron que se dejara por fuera del alza a una parte de la fuerza laboral del sector público.
Durante esa negociación, los gremios habían presentado dos propuestas de ajuste: El Bloque Unitario Sindical y Social (Bussco) pidió un alza del 1,50% y las confederaciones solicitaron un 1,49%. Ambas propuestas se plantearon, de manera general, para todos los trabajadores del sector.