El Gobierno recomendó rechazar cinco cambios en la convención colectiva de los empleados de Acueductos y Alcantarillados (AyA), los cuales representaban ¢3.500 millones más por año para la institución.
Las modificaciones fueron solicitadas por la Asociación Sindical de Trabajadores de AyA (Astraa) a la Presidencia Ejecutiva del AyA.
Los trabajadores pedían pasar el tope de cesantía de ocho a 20 años, cambiar el pago de quincenal a bisemanal, dos días más de vacaciones por año, un día libre adicional con goce de salario para reuniones sindicales y autorización para usar vehículos de la entidad para actividades sindicales.
Los rechazos a estas solicitudes constan en el decreto 29576 de la Comisión de Negociaciones de Convenciones Colectivas del Sector Público, presidida por el Ministerio de Trabajo.
La Nación tiene una copia de ese documento.
Según el informe, cambiar el tope de cesantía aumentaría el gasto por este rubro en ¢600 millones anuales. El cálculo es una proyección de la Comisión, basado en datos oficiales del AyA.
Sobre este tema, el decreto establece que el pago de cesantía debe ajustarse al artículo 29 del Código de Trabajo, el cual fija en ocho año el máximo.
Con respecto a la variación en el sistema de pago salarial equivaldría a un alza anual de ¢2.745 millones en la planilla de la institución.
“El pago bisemanal significaría un salario adicional al año”, indica el documento.
Actualmente, Acueductos y Alcantarillados paga ¢36.000 millones anuales en sueldos entre 3.200 trabajadores, aproximadamente.
De la misma manera, la Comisión negó otorgar dos días más de vacaciones a los empleados que tengan de cinco a diez días de antigüedad y permitir el uso de vehículos de AyA para fines sindicales.
Además, reprobaron dar un día libre adicional por semana con goce de salario a los dirigentes sindicales para sus reuniones. Este beneficio se aplicaría a los líderes de zonas alejadas que tengan que desplazarse a San José para actividades de la Astraa.
“Como Gobierno respetaremos el derecho a las convenciones, pero queremos eliminar la coadministración de algunos sindicatos en algunas instituciones públicas”, dijo Harold Villegas, viceministro de Trabajo y presidente de la Comisión.
Esta resolución es la primera, luego de que el Ejecutivo anunció que revisaría todas las convenciones colectivas para eliminar abusos y “mejorar la calidad del gasto público”.
La Nación intentó conocer el criterio de Yamileth Astorga, presidenta ejecutiva del AyA, pero está fuera del país. Además, se le hizo llegar un correo electrónico a José Alberto Moya, gerente general, pero no respondió.
Reacción. Wálter Navarro, secretario general de la Astraa, manifestó que no han sido notificados aún sobre los rechazos.
“Quien paga la música, paga el baile, y en este caso el que paga el baile es el Gobierno y la clase trabajadora tiene las de perder”, aseguró Navarro.
El líder añadió que en los próximos días emitirán un pronunciamiento oficial.
La Comisión también analiza las convenciones de la Refinería Costarricense de Petróleo, el Instituto Nacional de Desarrollo y de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica