Cuatro oficinistas y un informático con discapacidad cognitiva hacen práctica profesional en el Ministerio de Trabajo

Jóvenes son egresados de la Universidad de Costa Rica

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Cinco jóvenes con discapacidad cognitiva llegaron la mañana de este lunes para iniciar su práctica profesional en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

Ahí realizarán una pasantía de dos meses con el objetivo de aplicar los conocimientos adquiridos en el Programa de Inclusión de Personas con Discapacidad Cognitiva a la Educación Superior (Proin) de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Se trata de José Alberto Cañas, Patricia Rodríguez, Jonathan Benzaquen, Andrea Rodríguez y Jaime Gabriel Gracía. Cuatro de ellos son egresados del curso de asistente de oficinista y otro culminó la capacitación en Informática.

Ellos son los primeros cinco de un importante grupo de estudiantes del programa universitario que realizarán pasantías en esta y otras instituciones públicas, luego de un acuerdo que firmó la UCR con el Ministerio de Trabajo.

La Universidad de Costa Rica (UCR) y el Ministerio de Trabajo firmaron un acuerdo, con el objetivo de que los estudiantes egresados de los diferentes programas de Proin puedan realizar práctica profesional en esta u otra entidad de Gobierno.

El fin de la práctica es que los jóvenes adquieran habilidades blandas laborales, que les permita mejorar su perfil de empleabilidad. Una vez culminada la pasantía, los jóvenes ingresarán al programa de intermediación laboral del Ministerio de Trabajo, con el objetivo de buscarles una plaza en el sector privado.

“Estamos muy contentos porque nos van a acompañar durante dos meses en la institución, con la opertunidad de adquirir experiencia y de desarrollarse en un ambiente laboral en la institución pública”, manifestó el ministro Steven Núñez.

Trabajo entrega reconocimientos anuales a las empresas destacadas por ser inclusivas y contratar a personas con capacidades especiales.

“Trabajamos para relanzar ese programa y hacerlo más amplio, para que también incluya diversas iniciativas como la no discriminación en el proceso de contratación”, manifestó Núñez.

A nivel gubernamental, la legislación costarricense le exige a las instituciones públicas a reservar como mínimo el 5% de su planilla, para personas con discapacidad.