Congestionamiento vial, contaminación, exclusión social, mayor riesgo de desastres naturales y deterioro de los servicios de transporte público son las principales consecuencias de la debilidad en las políticas de ordenamiento territorial que padece Costa Rica.
El tiempo que gastan los costarricenses a diario atorados en presas, el aumento de población en cantones periféricos y el incremento acelerado de la flotilla vehicular (1,4 millones de automotores) son el reflejo del desorden en la Gran Área Metropolitana (GAM).
Esas fueron algunas de las conclusiones a las que llegaron los participantes del foro "Planificación urbana y regional", primero en la segunda edición de Visionarios 20/20, evento organizado por La Nación, la Universidad Latina de Costa Rica y la constructora H. Solís.
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En la cita, realizada la noche del jueves, participaron Rosendo Pujol, ministro de Vivienda y Asentamientos Humanos; Julio Jurado, procurador general; Leonardo Merino, investigador del Estado de la Nación, y Johnny Araya, alcalde de San José.
Los panelistas coincidieron en que el país ha carecido de un plan de ordenamiento regional que permita establecer qué tipo de ciudades queremos tener en la GAM.
Desde hace más de una década, el país ha invertido $22 millones en un reglamento para regular las 43.000 hectáreas que la conforman.
No obstante, diferencias de criterio entre varios sectores económicos y técnicos han impedido la implementación de una propuesta.
El primer plan en ser rechazado fue el Planificación Regional y Urbana (Prugam), el cual enfrentó cuestionamientos del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), de municipios y de los desarrolladores inmobiliarios. La misma suerte corrió el Plan de Ordenamiento Territorial (Potgam).
El último intento, denominado Plan GAM 2013-2030, elaborado por el Instituto Tecnológico de Costa Rica, fue aprobado en enero del 2014. Sin embargo, un grupo de ambientalistas lo objetó ante la Sala Constitucional desde diciembre del 2014 por considerarlo contrario a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
El Plan GAM 2013-2030 es una guía para que los 32 municipios que conforman esta región elaboren sus planes reguladores
A la ausencia de instrumentos de planificación, según los expositores, se suma la debilidad estatal para hacer cumplir los controles existentes.
"Existen reglamentos de construcción, existe la Ley de Planificación Urbana y una serie de normas que muchas veces no cumplimos, pero no es por falta de legislación. Por ejemplo, nadie puede construir en los diez metros próximos a un río y resulta que yo puedo dar fe que en Guápiles, en Ciudad Quesada, en Goicoechea y en Montes de Oca la gente construye a menos de esa distancia.
"Entonces, no es cuestión de que no exista legislación, es que no la cumplimos y las municipalidades no obligan a la gente a cumplirla", dijo Pujol.
Araya, por su parte, reconoció que muchos ayuntamientos no han sido capaces de establecer planes reguladores que permitan definir cómo crecen los cantones, pero criticó que cuando el Poder Ejecutivo ha tratado de ejecutar planes regionales no los han consultado al respecto.
"No hemos tenido un plan regional de planificación urbana. Existió el Plan GAM, aprobado en 1982, que fue, de alguna manera, el instrumento de planificación que dirigió el uso del suelo de los 32 cantones de la GAM. Sin embargo, estoy hablando de 1982, varias décadas atrás y es evidente que ese plan está totalmente desactualizado y obsoleto", comentó el alcalde josefino.
De acuerdo con el Vigesimosegundo Informe del Estado de la Nación , un indicador que demuestra la dispersión en la GAM es el descenso de población en cantones centrales como Tibás, San José, Montes de Oca y Goicoechea.
Según el censo del 2000, en esos cuatro cantones habitaban 549.711 personas, y para el censo del 2011, la cifra cayó a 517.112; 32.599 pobladores menos.
San José pasó de 309.672 a 288.054 personas pese a que en los últimos años diferentes autoridades han hecho intentos por atraer gente a ese cantón.
Para el Estado de la Nación esa tendencia de poblar la periferia de la GAM de forma horizontal ha sido responsabilidad de los desarrolladores inmobiliarios.
"Ese crecimiento ha sido llevado por alguien y ese alguien ha sido el mercado inmobiliario, apoyado directa o indirectamente por el Estado, que le ha generado en algunos momentos carreteras; mientras (el mercado inmobiliario) no ha generado grandes retribuciones al Estado por las vías con las que se han favorecido", afirmó Merino.
Para el investigador, el ordenamiento territorial no ha sido prioridad política en el país.
"Creamos un modelo de ciudad y en ese modelo fuimos sacando a la gente del centro", añadió.
El Estado de la Nación estima que el país pierde al año un 2% del producto interno bruto (PIB) debido al congestionamiento vial.
Julio Jurado, procurador general de la República, manifestó que es necesario crear órganos públicos regionales con competencia para girar instrucciones sobre el ordenamiento territorial.
El jurista criticó el vacío legal existente en materia de desarrollo urbano, pues la legislación es muy vieja.
Según el Plan GAM 2013-2030, de las 43.000 hectáreas de la Gran Área Metropolitana, aún quedan para un urbanizar un 22%.
Plan nacional
En su exposición, el ministro de Vivienda adelantóque prepara el primer Plan Nacional de Desarrollo Urbano, el cual establece reglas generales que deberán seguir las municipalidades a la hora de elaborar o actualizar sus planes reguladores.
Rosendo Pujol explicó que incluirán instrucciones específicas sobre el ordenamiento territorial de un cantón, la necesidad de hacer mapas de crecimiento vial y delimitar las zonas donde no se debe urbanizar para preservar el recurso hídrico.
La normativa aplicaría a ciudades como Liberia, Limón, Ciudad Quesada, San Isidro de El General, Turrialba y Guápiles, entre otras.
En la actualidad, el Plan está en fase preliminar, pues, existe un borrador, pero aún no ha sido depurado.
El jerarca de vivienda añadió que en los próximos meses lo someterán a discusión en la Junta Directiva del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU). Luego, será compartido con las municipalidades para recoger observaciones.
La elaboración de este documento inició hace nueve meses e incluye la participación de 12 entidades públicas.