Puerto Jiménez, Golfito. En 2011, 21 denuncias. En 2012, 26 más. En lo que va del 2013, suman 13. De las 60 denuncias en menos de tres años presentadas por el Minae contra oreros atrapados in fraganti y puesto a las órdenes de los tribunales de justicia, solo una ha llegado a juicio.
“Como son personas de las que aparentemente no hay peligro de fuga, las dejan libres”, explicó Etilma Morales, directora del Área de Conservación de Osa (Acosa), sobre la realidad que –a su criterio– da al traste con el trabajo que realizan los guardaparques en el Parque Nacional Corcovado.
Más expeditos. Pese a esas cifras, la directora de Acosa muestra cierto optimismo en el tema.
Hay una razón: la Corte Plena aprobó, a mediados de junio, la expansión del modelo de Tribunal de Flagrancia a la sede judicial del cantón de Corredores; esto, con el fin de conocer los delitos ambientales.
A solo unos días de implementado, ese tribunal conoció cuatro casos de personas detenidas por actividad orera.
A todas se les impuso una pena de cuatro meses de prisión, pero solo dos cumplen el castigo por ser reincidentes.
A las otras dos, que no tenían antecedentes, se les dejó en libertad, con la prohibición de entrar al parque.