El presidente del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Luis Antonio Sobrado, volvió este viernes con más énfasis sobre una preocupación que ya había manifestado en torno a las elecciones municipales de febrero: el cuidado con el dinero del crimen organizado y su filtración en el financiamiento de campañas.
Ante la ausencia de financiamiento por bonos y de deuda política adelantada, además del fracaso de un proyecto para crear una especie de "franjas publicitarias" y repartirlas entre los partidos, las necesidades de dinero de los candidatos aumentan y las tentaciones también.
Por eso, el TSE está monitoreando la propaganda electoral y otras actividades que impliquen gasto, con la intención de cotejar estas erogaciones con los ingresos que después deben entregar los partidos de manera periódica durante la campaña iniciada de manera formal el pasado 7 de octubre.
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Con este mecanismo insuficiente de vigilancia, más el control que hacen los medios de comunicación y, sobre todo, la labor de los ciudadanos mediante denuncias, el Tribunal espera que la preocupación por el dinero sucio quede en eso, en preocupación, y no en una realidad.
La dificultad, apuntó el director del Registro Electoral, Héctor Fernández, es la enorme cantidad de candidatos (más de 30.000 en procura de los 6.069 cargos en disputa), de partidos (63) y la variedad de elecciones, pues cada uno de los 81 cantones será una batalla aparte.
De los partidos, solo ocho de los 63 participantes tienen algún dinero de las reservas provenientes de la deuda política de las elecciones nacionales del 2014, informó Fernández.
Por eso tratan de dar seguimiento a la publicidad en medios de comunicación, incluidos los regionales y la Internet, siempre que los contenidos calcen con lo que el TSE considera "propaganda electoral".
El Tribunal ha reconocido una dificultad mayor para dar seguimiento a la dinámica política en cantones costeros o fronterizos, muchos de ellos con una gran extensión y con pocas entidades de control.