El Ministerio de Trabajo avaló la convención colectiva de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), que costará ¢46.129 millones en los próximos tres años; confirmó la empresa este viernes.
Se trata de un gasto anual de ¢15.376 millones, el cual pagarán los usuarios de hidrocarburos entre el 2021 y el 2024.
El monto final resulta de aplicar un recorte de ¢23.525 millones derivado de fallos de la Sala Constitucional y restricciones impuestas por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas o reforma fiscal, aprobada en diciembre de 2018.
Alejandro Muñoz, presidente ejecutivo de la Refinadora, confirmó que el anterior acuerdo laboral significó un gasto de ¢69.654 millones entre el 2016 y el 2019, por beneficios distribuidos entre los trabajadores de la empresa.
Durante ese periodo, cada funcionario de la institución recibió un promedio de ¢13,6 millones al año en sobresueldos, aparte de su salario base.
Con los términos del nuevo convenio, cada uno de los 1.656 trabajadores recibirá ¢9,2 millones en pluses por año hasta el 2024, o sea, un 34% menos con respecto al anterior.
La homologación de Trabajo culminó un proceso que llevó meses de secretismo entre el Sindicato de Trabajadores Petroleros Químicos y Afines (Sitrapequia) y Recope.
Durante las negociaciones se modificaron 99 de los 148 artículos del pacto laboral anterior. Además, se eliminaron 20, producto de fallos de la Sala IV y de falta de aplicación.
Uno de los ajustes de fondo es que todos los sobresueldos serán nominales en vez de porcentuales, en acatamiento a la reforma fiscal del 2018.
Muñoz informó de que el costo de esta convención podría ser mucho menor si no estuvieran incorporadas las anualidades, las cuales al día de hoy están autorizadas por ley para todo el sector público.
Solo ese rubro, agregó, representa 62% (¢28.600 millones) del costo total de la convención.
El nuevo convenio incluye un capítulo completo para que la empresa pueda acogerse al sistema de salario global, una vez que se apruebe el proyecto de Ley Marco de Empleo Público en la Asamblea Legislativa.