Solo el 20% de las municipalidades aplican las normas para la instalación de torres de telecomunicaciones, dispuestas por el Instituto de Vivienda y Urbanismo (INVU) y, en su lugar, crean sus propias reglas, no siempre sustentadas en criterios técnicos.
Como resultado del desorden en la instalación de este tipo de infraestructura, los usuarios carecen de conexiones óptimas, principalmente para teléfonos móviles, según concluye un estudio elaborado por el Programa Sociedad de la Información y la Comunicación (Prosic), de la Universidad de Costa Rica (UCR).
En Costa Rica hay más de ocho millones de líneas celulares.
Según el documento La evolución de la regulación para el despliegue, instalación y desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica, elaborado por la investigadora Valeria Castro Obando, las municipalidades tienen conciencia de las ventajas de tener una buena cobertura de Internet, pero, aun así, se apartan de las normas establecidas en el capítulo 19 bis del Reglamento de Construcciones del INVU.
“Esto genera una falta de estandarización en la calidad de la regulación este tipo de infraestructura”, afirmó.
Esta situación afecta el acceso de la población a la web, la competitividad de los cantones y sus posibilidades para atraer inversión.
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La solución, dijo la investigadora, es aplicar el Reglamento del INVU y derogar las normas internas de cada ayuntamiento, acción que no tendría costo económico. Igualmente, hace falta asegurar la capacitación en la materia del personal municipal encargado de estas tareas.
“De hecho, estas formaciones suelen ser recibidas solo por las autoridades cantonales, dejando en rezago a quienes realmente se ocupan de estas labores”, señaló.
Gilberto Monge, director de Incidencia Política y Comunicación de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), avala en gran medida los hallazgos del informe. Según dice, no puede precisar si realmente el 80% de ayuntamientos se apartan del Reglamento del INVU, pero sí está consciente de que hay mucho por mejorar.
“Lejos de llorar por la leche derramada, hay que buscar un acercamiento para ver cómo poder alinear a todos los gobiernos locales que están generando problemática”, mencionó.
Recordó que ya la Sala Constitucional determinó que Internet es un servicio público y, por lo tanto, no puede ser frenado por las municipalidades.
Monge descartó que exista resistencia en los gobiernos locales, pues a todos les urge ofrecer buenas conexiones, sobre todo, fuera del Valle Central, para atraer inversión, nómadas digitales y fortalecer la educación.
“Conozco el caso de la península de Nicoya, la señal es terrible. Los intendentes lo reconocen... En la pandemia, para dar clases, la gente no tenía posibilidad de conectarse, había que subir a una montaña... Los intendentes están urgidos de mejor señal”, afirmó.
Otro aspecto del informe en que coincidió es en lo relativo a la capacitación, la cual no la tienen que recibir los jerarcas, sino el personal encargado de autorizar la instalación de esta infraestructura.
El vocero aseguró que de inmediato buscaría coordinación con la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), el ente rector en esta materia.
Más facilidades
El otro gran tema, agregó el informe de la UCR, son los trámites excesivos para la colocación de postería y otras instalaciones similares, que representan un desincentivo a las empresas de telecomunicaciones a aumentar su infraestructura en los cantones.
Esta desventaja en cobertura celular es mayor para las zonas periféricas del país, por lo que las municipalidades deben realizar un esfuerzo más grande.
Finalmente, Castro advirtió en su estudio de que este tema cobra más importancia en el contexto de la necesidad de desarrollar la red 5G o quinta generación de redes móviles, que implicará para las empresas una inversión adicional en estructuras, como antenas o radiobases.
Bajo esta consideración, habrá que ofrecer facilidades, advirtió.