La Unión de Taxistas Costarricenses (UTC) busca “un profesional en Internet” que les diga si es posible o no bloquear la aplicación Uber en el país.
La organización publicó este martes por la noche, en su perfil de Facebook, un anuncio para la contratación de esta persona, quien podría ser un ingeniero en sistemas, según Rubén Vargas, presidente de la UTC.
Su oferta laboral señala que la intención es que el profesional asesore al grupo jurídico que prepara una demanda en contra del Estado ante los tribunales contenciosos, por no cerrar la aplicación de Uber.
Vargas expresó que aún no disponen del dinero para financiar el salario de la persona que seleccionen. Sin embargo, aseguró que buscarán los recursos entre los mismos taxistas.
“Queremos tener el asesoramiento técnico de si es posible o no el bloqueo de la plataforma ilegal, porque hay gente que dice que sí se puede y hay gente que dice que no se puede”, dijo el líder de los transportistas.
El vocero añadió que ya recibieron cinco ofertas, entre ellas, la de un grupo de estudiantes de la Universidad de Costa Rica.
La UTC tiene planeado demandar al Estado antes de que finalice el mes de marzo y afirma que pedirá ¢42 millones de indemnización por taxista por los perjuicios ocasionados por Uber.
Esa cifra resulta, según Vargas, de multiplicar el ingreso mensual de un taxista (¢350.000) por los 12 meses del año y, luego, por 10 años, pues esa es la cantidad de años para una concesión de taxi.
Sanciones. La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) reiteró que quienes ofrezcan el servicio de transporte público, sin contar con una concesión de taxi o permiso del Consejo de Transporte Público, se exponen a multas que oscilan entre los ¢2,1 y ¢8,4 millones.
El pasado 5 de febrero, la Aresep abrió una causa contra un conductor de Uber de apellido Leandro, el cual fue sorprendido por la Policía de Tránsito en las cercanías del parque de la Paz, en San José.
Al momento de la detención, los oficiales identificaron que Leandro llevaba a dos mujeres en el asiento de atrás y al consultar a las pasajeras, ellas reconocieron que llamaron al chofer por medio de la aplicación Uber.
“La Aresep tiene suficientes competencias legales para declarar la ilegalidad de un servicio cuando se dan tres circunstancias: carece de autorización para brindarlo, hubo traslado de pasajeros y se pagó por el servicio. Por eso, es irrelevante si la prestación utiliza alguna tecnología o aplicación”, expresó la entidad mediante un boletín.
El procedimiento administrativo que aplica Aresep para sancionar el transporte ilegal puede tardar meses. Del 2011 al 2015, se presentaron 83 casos de este tipo. La advertencia de la Aresep se da una semana después que el Gobierno se comprometiera con los taxistas a buscar una herramienta para el combate de Uber.