El Concejo de Santa Cruz en Guanacaste decidió desafiar una orden para detener obras de construcción en el cantón, lo que podría hacer colapsar su principal acuífero y, con ello, poner en riesgo el abasto para 17.000 pobladores.
El martes, los regidores determinaron que seguirían otorgando permisos para levantar infraestructura, como hoteles, condominios y restaurantes. A la sesión asistió un grupo de inversionistas alarmados por la eventual prohibición.
El municipio cedió pese a la oposición del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara), el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).
La semana pasada, la regidora María Rosa Angulo –también jefa de la Comisión Cantonal del Agua– dijo que los cinco miembros del Corporación Municipal estaban de acuerdo en suspender la entrega de avales de construcción en los distritos Tamarindo, Tempate y Cabo Velas.
Eso, luego de que el Senara revelara una crisis por sobreexplotación en los niveles de la red de pozos del acuífero Huacas-Tamarindo, que abastece al comercio y a unos 17.000 pobladores de esos tres distritos.
Ante esos hallazgos, la entidad ordenó la “rehabilitación” de esa fuente hídrica, lo cual implica, por ejemplo, impedir la perforación de pozos, evaluar el caudal a algunos de los usuarios y que se cierren los pozos más cercanos al estero por el riesgo de que se contaminen con agua de mar.
La decisión de acatar las órdenes estatales estaba tomada, según Angulo. Empero, la noche de este martes, los miembros del gobierno local echaron atrás.
¿Qué viene? El alcalde santacruceño Jorge Chavarría manifestó ayer que no es necesario frenar las construcciones y restó importancia a la merma del acuífero. Para él, el informe del Senara “es solo una voz de alarma” y dijo que está trabajando en varias soluciones, pero sin precisar cuáles.
“¿Quién dice que no se puede construir? (...) Casi todo está lleno de agua, que no digan que aquí no hay agua, sí hay”, declaró.
Molestia. A Carlos Romero, director de Investigación y Gestión Hídrica del Senara, lo indignó la decisión del Concejo y reconoció que le extraña que tanto el municipio como los inversionistas apuesten a construir más a pesar de conocer que los desarrollos podrían quedar a secas pronto.
Romero y Angulo consideran que el dictamen fue acordado por presiones del gremio turístico y empresarial, y afirman que resultará contraproducente.
“El alcalde no puede decir que tiene agua; no es técnico, ni sabe de hidrogeología, es político y está diciendo lo que los inversionistas quieren oír. Para mí, esta fue una decisión política muy irresponsable, presionada por un gremio muy fuerte”, alegó Romero.
José Miguel Zeledón, director de la Dirección de Agua del Minae, informó de que el municipio santacruceño se podría exponer a demandas judiciales si se atreve a otorgar permisos sin las cartas de disponibilidad hídrica.
“¿Con qué agua van a construir? Si no se le va a otorgar disponibilidad –y tenga la seguridad de que el Minae no va a autorizar más pozos porque estamos claros de que no se pueden autorizar más–, no entendemos cómo van a permitir obras”, expresó Zeledón.
Al respecto, el alcalde indicó que el Minae no le ha dicho “que existe la posibilidad de exponerse a procesos judiciales”, por lo que no evaluará cambiar de parecer, sino hasta que lo notifiquen.