El Municipio de San Ramón tiene dos años para resolver dónde depositará los desechos sólidos de 18.000 vecinos del cantón.
Ese es el mandato de la Sala Constitucional,por medio de la sentencia 2015009649, del 30 de junio, al aprobar la petición de la Alcaldía ramonense de mantener el relleno sanitario en funcionamiento por dos años más: hasta el 6 de agosto del 2017.
Ese vertedero debía ser clausurado el próximo 19 de agosto, según lo había ordenado el mismo tribunal al acoger un recurso de amparo contra el gobierno local interpuesto por un vecino, quien denunció que en el relleno se hacía un mal tratamiento de los desechos, lo que afectaba la salud pública y contaminaba los cuerpos de agua aledaños.
La alcaldesa Mercedes Moya y Luis Alonso Ramírez, coordinador del botadero, destacaron que la prórroga se logró gracias a labores técnicas desarrolladas en el sitio desde setiembre del 2013, con una inversión de unos ¢400 millones.
Este lunes, Moya reafirmó que las inconsistencias fueron solventadas y señaló que tienen tres propuestas en manos del Concejo.
La primera opción es la construcción de una planta de tratamiento industrial de residuos, con un contrato llave en mano. La segunda, una planta privada para tratamiento y separación de la basura, y la tercera alternativa sería el traslado de los desechos al relleno de Miramar, (Puntarenas) u otro vertedero.
Alza a la vista. Moya advirtió sobre la posibilidad de un aumento en las tasas de recolección de desechos para 18.000 vecinos, distribuidos en 11 de 13 distritos de ese cantón, pero los montos aún están en estudio.
¿Por qué se incrementarían? Porque desde mayo, por mandato de la Sala, el vertedero solo recibe basura de San Ramón, cuando antes también llegaba de Palmares, Naranjo, Sarchí y Atenas. Por ese servicio, el municipio percibía entre ¢200 y ¢300 millones por año, reducción que los afectó mucho, dijo Álvaro Fuentes, jefe de Bienes Inmuebles del gobierno local.