Salud gira orden sanitaria contra Municipalidad de Alajuela por mal estado de terminal de buses

Gobierno local presentó proyecto de renovación de Fecosa, en 2016; sin embargo tres años después la propuesta no se construyó; abogado advierte que irá a vía penal si no se cumple medida

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El Ministerio de Salud emitió este jueves una nueva orden sanitaria contra la Municipalidad de Alajuela por el precario estado de la terminal de autobuses Fecosa, antigua terminal de tren ubicada en el centro del cantón.

De ahí su nombre Ferrocarriles de Costa Rica S. A. (Fecosa).

La medida dispone que el Ayuntamiento debe presentar a más tardar el 3 de octubre un organigrama de acciones para revertir las condiciones de lugar.

Entre los problemas se señala el hecho de que los usuarios no disponen de asientos mientras esperan el bus, además las aceras están en pésimo estado, aparte de que la zona donde se estacionan las unidades de transporte no está asfaltado.

También se le critica que en el sitio se estanca el agua de lluvia, hay malos olores y presencia de roedores, así como desorden con ventas ambulantes.

Además las personas con discapacidad no cuentan con barandas ni rampas de acceso, según menciona la orden sanitaria emitida por las autoridades.

Las autoridades de salud emitieron la orden sanitaria luego de una denuncia del abogado Walter Brenes, quien acudió en 2017 a la Sala Constitucional a presentar un recurso de amparo.

El tribunal constitucional declaró con lugar el reclamo e instruyó al Ministerio de Salud a girar una orden sanitaria, al tiempo que exigió al municipio alajuelense a presentar un plan de acciones de corto plazo para solucionar la problemática; sin embargo el denunciante afirma que las malas condiciones de la infraestructura no han cambiado.

Las autoridades de Salud aceptaron la nueva denuncia del abogado y giraron otra orden sanitaria.

“Hace dos años gané un amparo por las pésimas condiciones sanitarias de ese lugar. Ordenaron una serie de temas físico-sanitarios, pero no cambió en nada, la Municipalidad no hizo nada. Interpuse una nueva denuncia (ante el Ministerio de Salud), otra vez me dan la razón, pero la Municipalidad sigue sin deseos de hacer nada”, aseveró el abogado.

En este caso, si las autoridades no cumplen con lo dispuesto, el abogado advierte que acudirá a instancias penales a denunciar a la alcaldesa de Alajuela, Laura Chaves, por desobediencia.

Según Johanna Brenes, directora legal de la Municipalidad, verificarán “la veracidad” de todos los puntos indicados por el Ministerio de Salud, así como si ya atendieron “debidamente” los señalamientos hechos de la autoridad.

“También analizaremos si estos eventuales puntos establecidos en la orden sanitaria y que son producto de la denuncia que aparentemente fue planteada por el licenciado Brenes Soto... ver si esos elementos coinciden con una demanda contencioso administrativa que tienen planteada algunos autobuseros contra la Municipalidad, y en donde el licenciado Brenes es el representante del sector, eso con el fin de no afectar ese proceso contencioso administrativo", afirmó la funcionaria municipal.

Empero, más allá de la supuesta maraña legal entre autobuseros y el municipio, los alajuelenses todavía esperan la nueva estación de buses.

Proyecto varado

A sabiendas del mal estado de la terminal, la Municipalidad de Alajuela presentó desde 2016 un proyecto para remodelar la estación; sin embargo tres años después sigue sin arrancar su construcción.

El objetivo del entonces alcalde Roberto Thompson, actual diputado del Partido Liberación Nacional (PLN) era que todos los buses arribaran a la remodelada terminal. Incluso el Concejo Municipal aprobó cerca de ¢2.000 millones de fondos propios para su construcción.

“Fue un proyecto prioritario en nuestra gestión. Se tuvo que hacer una modificación mediante proyecto de ley en el uso de suelo, porque originalmente eso era una terminal de tren; también se aprobaron recursos propios para la obra, que fueron cerca de ¢2.000 millones; también se realizó el anteproyecto y el procedimiento de concurso y adjudicación”, afirmó Thompson.

Empero, la Contraloría (General de la República) solicitó corregir asuntos técnicos en el proceso de adjudicación, hecho que retrasó la obra. “Cuando yo salí (de la Municipalidad) quedó a cargo de la nueva administración. Hasta ahí es que le puedo decir, pero es un proyecto grande y complejo”, afirmó el diputado.

De acuerdo con la directora legal del municipio, Johanna Brenes, “en las últimas semanas” llegó el visto bueno y el proyecto entraría en etapa de adjudicación para su posterior orden de inicio.

“Se necesitaba contar con el presupuesto y esto ya sucedió con el presupuesto que fue revalidado por la misma Contraloría y nos llegó hace unos días acá a la Municipalidad. Lo que queda es verificar en el Departamento de Proveeduría si ya es factible iniciar con el acto de adjudicación”, indicó Brenes.