El Gobierno puso ayer en el papel todas sus dudas respecto al fallo que lo obliga a reactivar la fecundación in vitro (FIV), por lo que ya definió las tareas al Ministerio de Salud, a la Procuraduría General de la República y a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
De todas las asignaciones, una de las más relevantes le corresponde a Salud, pues deberá definir si la técnica médica se restablecerá vía reglamento o se requiere de una ley.
Sin tomar en cuenta las otras aristas, solo esa definición tendrá un gran peso para conocer cuál sería el plazo estimado para que la fecundación in vitro sea una realidad en el país.
Si se determina que su implementación solo es posible por medio de una ley, esto llevaría la discusión a la Asamblea Legislativa, escenario donde en dos años no se avanzó en la aprobación de dos proyectos para activar la técnica.
Las tareas en torno al tema las dio ayer la propia mandataria, Laura Chinchilla, luego de reunirse con los ministros Francisco Chacón (Comunicación) y Daisy Corrales (Salud), la procuradora, Ana Lorena Brenes, y la gerente médica de la Caja, María Eugenia Villalta.
El Estado tiene un año para volver a permitir la FIV, según la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó al país por haber vetado la técnica por un fallo de la Sala IV (2000).
Diligencias. “Nos reunimos para ver la forma en que vamos a poner en práctica lo que nos pide el fallo”, explicó ayer Francisco Chacón.
Una de las tareas inmediatas –dijo– será que la Procuraduría le informe de manera oficial a la Sala IV que su resolución del año 2000 ya quedó sin efecto.
El propio ministro tendrá a su cargo gestionar la publicación de parte de la sentencia de la Corte Interamericana en un diario de circulación nacional.
Volviendo a Salud, su jerarca, Daisy Corrales, explicó que “diversas direcciones del Ministerio ya analizan los detalles técnicos” con los que se regularía la FIV.
Entre estos están el abordaje de temas como la congelación de embriones y cómo se entenderá la paternidad cuando el esperma sea donado y no venga de la unión de un óvulo y un espermatozoide aportados por una pareja.
La Caja, por su parte, estimó que necesitará un año para redefinir su Programa Nacional de la Pareja Infértil, así como decidir cómo pondrá a disposición de los asegurados la FIV.
Chinchilla y los jerarcas también abordaron el tema de las indemnizaciones pues el Estado debe pagar $420.000 a 18 víctimas del caso y a sus abogados.