La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) le pagó a un grupo de funcionarios ¢90,2 millones en compensación por vacaciones no disfrutadas, amparada en un criterio general de la Junta Directiva de la entidad, que obvió disposiciones legales sobre el goce de días libres.
La situación quedó al descubierto en un informe de auditoría que la Contraloría General de la República (CGR) publicó el pasado 15 de diciembre. Según el documento, el pago se otorgó de manera general a 90 funcionarios, sin detallarse las razones excepcionales en cada caso por las cuales ellos no tomaron sus pausas laborales tal y como lo establece el artículo 156 del Código de Trabajo.
Los pagos se basaron en un criterio general aprobado cuando el entonces regulador general Roberto Jiménez Gómez, quien presidía la Junta Directiva de la Autoridad. En mayo del 2022, Jiménez Gómez dejó el cargo en momentos en que acumulaba decenas de días de vacaciones, como confirmó entonces la propia Autoridad.
Así como Jiménez, tampoco sus asesores en ese momento habían disfrutado de las vacaciones que les correspondían, por lo cual, en conjunto, todos acumulaban alrededor de ¢28 millones en tiempos vencidos de días libres.
Al momento de distribuirse los ¢90,2 millones, indica el informe de la Contraloría, había saldos acumulados por hasta 53 días correspondientes a varios períodos vencidos de vacaciones, entre 2017 y 2021.
El informe de la Contraloría detectó que el criterio general que aprobó entonces la Junta Directiva tuvo el presunto fin de aumentar la ejecución presupuestaria de la institución. No obstante, apuntó el órgano contralor, no se tomó en consideración que dichos pagos tienen carácter excepcional. De hecho, tampoco quedó claro cuál fue la supuesta excepcionalidad por la cual los 90 funcionarios que recibieron dinero nunca tomaron sus días libres cuando les correspondía.
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Según la CGR, la normativa interna que regula la compensación de vacaciones en la Aresep no es congruente con el ordenamiento jurídico aplicable en cuanto a que homologó una excepcionalidad prevista en el artículo 156 del Código de Trabajo sobre no tomar vacaciones,con una razón supuestamente justificada.
Ante consulta de La Nación, la Autoridad Reguladora aseguró, mediante la oficina de prensa, que se atenderán las disposiciones de la Contraloría, lo que implicará hacer ajustes para no afectar funciones institucionales cuando determinados funcionarios tomen su periodo de descanso.
“La política aplicada en este momento es que no se acumulen vacaciones y tampoco se compensen”, informó la Aresep.
Sin explicar situación excepcional
En las resoluciones de compensación de la Aresep que estudió la Contraloría, no se detalló de manera particular la situación excepcional o motivos por los cuales no era posible que esos funcionarios disfrutaran de sus días de vacaciones en el periodo correspondiente.
Lo único que halló la auditoría fueron referencias generales como, por ejemplo, altas cargas de trabajo, o que disfrutar los días libres en muchos casos comprometía la marcha de los procesos o que la jefatura inmediata limitaba la cantidad de días de vacaciones para evitar supuestos efectos negativos en los procesos de la Autoridad.
“Asimismo, las acciones implementadas por parte de la institución han sido insuficientes para gestionar el disfrute oportuno de las vacaciones por parte de los funcionarios en el periodo correspondiente”, agrega el documento.
La CGR recordó que el disfrute de vacaciones es un derecho que se debe garantizar al funcionario y que una compensación económica procede solo de manera excepcional por una “situación calificada, única, individual e irrepetible”.
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Por tanto, recalcó el ente contralor, una razón debidamente justificada sin incluir esos elementos excepcionales, no sería sustento suficiente para realizar los pagos, tal y como ocurrió en este caso.