Las autoridades de Recope confían en la "buena fe" de China para cerrar en buenos términos la empresa Soresco, pero reconocen que existe la posibilidad de que el país deba indemnizar a ese gobierno por el rompimiento del contrato para levantar una nueva refinería en Moín.
Así lo reconocieron esta mañana la presidenta de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), Sara Salazar, y el canciller a. í. Alejandro Solano, en una conferencia de prensa.
Soresco fue creada en 2007 para que se encargara del proyecto de la nueva refinería, valorado en más de $1.000 millones. No obstante, el plan se frenó en 2013, luego de que la Contraloría General de la República señaló un conflicto de intereses en la elaboración de los estudios de factibilidad, pues los realizó una empresa subsidiaria del socio chino, la Corporación Petrolera Nacional de China (CNPC).
La decisión de separarse de Soresco, según explicó Salazar ante una comisión legislativa, se tomó antes de la Semana Santa en una sesión "química" de la Junta Directiva, es decir, privada y sin actas.
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Sin embargo, la mañana de este miécoles, Salazar dijo que la decisión quedó firme en la sesión número 4933-139 del 18 de abril. Este acuerdo, añadió, se tomó ante el rechazo de CNPC para adoptar medidas con el fin de que Soresco pudiera continuar sus trámites para poder operar.
De acuerdo con la jerarca, Recope presentó la decisión a Consejo de Gobierno y debe esperar a que lo apruebe para comunicarlo oficialmente al Gobierno chino.
La posibildad de un indemnización surgiría si China no está de acuerdo con los motivos por los cuales la Refinadora desea terminar el contrato. Por el momento, no se ha hecho ninguna estimación.
"Nunca se visualizó el epílogo de esto que estamos viviendo", admitió Mayid Brenes, director jurídico de Recope.
El Gobierno tampoco sabe como se hará la división del capital que queda, pues de los $100 millones de dólares aportados conjuntamente, se han gastado $59 millones. También de desconoce el futuro de los empleados chinos de Soresco que viven aquí.
El canciller a.í. manifestó que la la decisión no debería afectar las relaciones diplomáticas con China.
Reacción en el Congreso. Las advertencias emitidas esta mañana por Sara Salazar, de Recope, fueron calificadas por el diputado oficialista, Ottón Solís, como absurdas y peligrosas.
"Las autoridades de Recope ni siquiera han leído el Acuerdo de Empresa Conjunta. Ese documento establece, en las secciones 10.01 Y 12.19 que si los estudios de factibilidad no son aprobados y mientras no se haya firmado el contrato IPC (Ingeniería, Procura y Construcción), no hay posibilidad de que una de las partes solicite un arbitraje y menos una indemnización. Como se sabe los estudios no están aprobados y el IPC no ha sido firmado" indicó Solís.
El congresista del Partido Acción Ciudadana insistió en que lo expresado más temprano por las autoridades de la Refinería es "irresponsable" y casi una "traición a la patria", pues deberían descartar cualquier indemnización en favor de la firma china.
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"Los chinos abandonaron el proyecto hace 6 meses, no pueden ni siquiera solicitar una indemnización. Además, fueron ellos los que, por medio de una treta, violaron el Acuerdo de Empresa Conjunta. Pusieron a una subsidiaria de la CNPC a realizar los estudios de factibilidad de la refinería, lo cual fue una grave incumplimiento de ese acuerdo", señaló Solís.
Sobre el plan de una nueva refinería, Sara Salazar aseguró que buscarán otra posibilidad.
Mientras tanto, el Ministerio Público investiga presuntas violaciones al contrato suscrito entre Recope y CNPCI, por los delitos de peculado, influencia en contra de la hacienda pública, prevaricato e incumplimiento de deberes. Aún no hay personas imputadas, según informó la oficina de prensa de la entidad.