Los informes que salen del Centro para la Instrucción de Procedimientos Administrativos (CIPA) de la Caja, órgano encargado de tramitar procesos sancionatorios contra funcionarios, no son vinculantes para la decisión final en un caso en investigación.
El informe que emite el CIPA –que puede contener sanciones o absolutorias sobre hechos imputados a funcionarios– llega al órgano decisor sin que este tenga la obligación de acoger lo recomendado.
Así lo reconocieron la directora del CIPA, Maritza Cantillo, y el gerente administrativo de la CCSS, Luis Fernando Campos.
No obstante, Cantillo estima que “el 99,9% de las veces” los órganos decisores se inclinan por lo que dicte el centro de instrucción.
Pero en la Caja, ¿qué es un órgano decisor?
Todo se inicia cuando un funcionario es señalado por una supuesta falta grave por parte de su jefatura, la cual en ese momento se convierte en órgano decisor.
Primeramente, se realiza una investigación preliminar.
Si el caso no lo resuelve, este se eleva al CIPA, oficina que instruirá en el proceso de investigación al órgano director, que usualmente está conformado por tres funcionarios de departamentos que no tienen relación con el señalado.
Cuando el proceso indagatorio ha llegado a su final, el CIPA emite un informe que contiene la evidencia y conclusiones del hecho en particular. El documento es dirigido al órgano decisor (la jefatura).
Este último tendrá en sus manos la decisión definitiva sobre si cabe o no sanción contra el funcionario cuestionado, sin tener que tomar en cuenta el criterio del CIPA y el tiempo que haya tardado la investigación.
Cantillo, directora de ese departamento, dijo que no hay una normativa que obligue al órgano decisor a informarle sobre cómo procedió en un caso particular, pero sí debe justificar su resolución ante la Gerencia correspondiente.