La metodología que propone la Aresep para fijar las tarifas de autobús vendría a ordenar, a medias, la falta de formalidad que hoy caracteriza al cálculo.
La propuesta incluye más de 80 fórmulas para “adaptar a la realidad” esos pagos que realizan, cada día, dos millones de pasajeros. Sin embargo, quedan varios asuntos pendientes que, una vez definidos por las distintas instancias, alterarían los cálculos y números finales.
Quedan por actualizarse, mediante estudios de mercado, unos 30 coeficientes técnicos que datan de 1982 y fueron calculados en Brasil, no aquí. Estas variables son, por ejemplo, cuánto se gasta en aceite y combustible, según kilometraje.
El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el ente rector, el Consejo de Transporte Público (CTP), no han definido el futuro concreto del cobro electrónico; tampoco cómo reconocerles a los autobuseros su inversión en sistemas de conteo de pasajeros. No han impedido que circulen autobuses de hasta 20 años de edad.
Esas carencias, tanto de la Aresep como del MOPT, las reconoció Marlon Yong, director del Centro de Desarrollo de la Regulación, de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep). Él admitió que su modelo es un primer esfuerzo que está sujeto a cambios.
“¿Nos esperamos a que esté todo listo para hacer el modelo? No. Primero, formalicemos lo que tenemos y vamos cambiando parte por parte. Sabemos que hay muchas cosas que se tienen que incorporar y valorar”, dijo.
La fórmula que se utiliza para la fijación de tarifas de autobús nunca ha sido publicada de forma oficial; para establecerlas, la Aresep se basa en el modelo que adoptó el MOPT en 1996.
Largo camino. El primer intento de la Aresep por publicar una metodología data del 2011. Su puesta en marcha la imposibilitaron impugnaciones en la Sala Constitucional y el Tribunal Contencioso-Administrativo, por lo que se resolvió someterla, mejorada, a audiencia pública.
Esa consulta se programó para el próximo lunes. Empero, debió suspenderse luego de que la Defensoría de los Habitantes presentara un recurso de amparo, que alegaba que la Aresep no ha dado los datos necesarios para que el país conozca el impacto en la calidad del servicio.
El jueves pasado, el ente regulador pospuso esa audiencia para dentro de 40 días. Ayer por la tarde, tras acoger el recurso de la Defensoría, la Sala IV tornó obligatoria su suspensión.
Las críticas hacia la propuesta han venido de la Cámara Nacional de Autobuseros (Canabús), la Cámara Nacional de Transportes (Canatrans) e, incluso, de Consumidores de Costa Rica.
Los puntos más controversiales son los relativos a la depreciación de los buses y la modificación de coeficientes sobre choferes, mecánicos, repuestos y accesorios.
A Asdrúbal Fallas, representante de la Cámara Nacional de Transportes y del Foro Nacional de Transportes, le preocupa que se reconozca la depreciación de los autobuses a 15 años y no a 7, como está establecido hoy.
Eso, dijo, desincentiva la inversión, hará envejecer la flotilla, perjudica el ambiente y se contradice con el CTP, el cual exige motores más eficientes para otorgar las próximas concesiones.
Con él coincidió Erick Ulate, presidente de Consumidores de Costa Rica. Él criticó el hecho de que la Aresep vaya a determinar el valor de las unidades según el valor fiscal “poco fiable” que maneja el Ministerio de Hacienda.
En una carta enviada a la Aresep, Canabús criticó que el CTP, como rector, no ha participado activamente en la creación de la metodología, pese a que eso es vital para permitir la ejecución del Plan Nacional de Transporte.
Carolina Mora, vocera de la Aresep, opinó que “todos los cuestionamientos son de forma y no de fondo”, por lo que no deberían impedir que se haga orden.
“La metodología actual fue hecha para los autobuseros, dejando de lado a los usuarios. Cualquier cambio implica un movimiento que ellos no están dispuestos a aceptar”, dijo Mora.