Los errores en facturación por el servicio de agua que hace un año afectaron a miles de abonados, quedaron sin sanciones.
Tomás Martínez, presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), aseguró que las auditorías realizadas no hallaron a responsables directos dentro de la institución a quienes sancionar por dichas fallas.
Los errores provocaron centenares de quejas de usuarios por aumento en los recibos, debilitamiento de la imagen de la entidad, llamadas de atención de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) e, incluso, le costó el puesto a la entonces jerarca, Yamileth Astorga.
Con cinco meses en el cargo y un año para enmendar dichas dificultades, Martínez prefiere concentrarse en tres metas que, según dice, se propuso la entidad en el marco del 60 aniversario.
Estos son mejorar el servicio al cliente, agilizar la cartera de proyectos y modernizar la entidad.
Según dijo en entrevista con La Nación, en estos primeros seis meses se ha concentrado en redireccionar el rumbo de trabajo y aseguró haber visto los primeros resultados.
Calificó además de éxito que no hubo racionamientos durante la época seca.
–En relación con el tema de facturación, ¿qué pasó con las investigaciones y auditorías que se realizaron, hubo correctivos, se sentaron responsabilidades?
–Las auditorías se hicieron, cuando llegué ya había una auditoría finalizada que dio recomendaciones; no identificó responsables directos dentro de la institución; sí tomamos varias acciones importantes, entendimos que el proceso se dio en un año muy atípico con un montón de factores que llevaron a ese descontrol, planteamos un proyecto que fue el transitorio al reglamento de prestación de servicios para lograr una estabilización comercial del AyA.
“Eso nos ha permitido generar un modelo por 24 meses que permita atender no solo los casos que se dieron desde junio del año pasado, sino de aquí a 24 meses. El propósito es estabilizar y revisar los procesos de medición, los procesos de facturación de los servicios, los procesos de atención de los clientes y, a la vez, lograr lo que ya Aresep señaló solventar y sacar los casos acumulados, que se han logrado ir solventando así como bajar las inconformidades y las quejas”
–¿No hubo sanciones?
–El documento de auditoría que se desarrolló no concluyó en responsabilidades específicas, no se establecieron sanciones. La auditoría no recomendó sanciones específicas, entonces no se aplicaron”.
–Recientemente la entidad anunció que empezaría el proceso de negociación de la convención colectiva, ¿cuál es la expectativa y cuáles son los puntos más difíciles que estima enfrentarán en ese proceso?
–Había un proceso adelantado, es una revisión parcial, son de ocho a nueve artículos (los que deben revisar). Las reuniones han sido positivas, hay interés de ambas partes en dejar este tema resuelto.
“Lo más importante es que todos los artículos que impliquen erogaciones importantes, o con implicaciones en el presupuesto de AyA, serán los que requieren más discusión y análisis, pero preliminarmente pienso que son pocos artículos, ya el proceso que tenía hace que el documento sea bastante razonable, no tiene los excesos o situaciones desmedidas de otras convenciones colectivas. Es bastante razonable en ese sentido”.
–¿Hay un monto de cuánto se ha fijado el AyA reducir del costo de esa convención?
–Todavía es prematuro, estamos haciendo y revisando los cálculos a cada artículo, a ver cuáles tienen implicaciones en presupuesto y de qué magnitud son, pero la idea es no aprobar artículos que impliquen aumento en el gasto y el presupuesto anual de la institución
–¿Hasta dónde llegará la actual administración en relación al proyecto Orosi 2 (para darle agua al sur de San José)? ¿Cómo avanza ese plan?
–El proyecto tiene el financiamiento. En noviembre, se aprobaron los $400 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), la idea es arrancar en los terrenos del ICE(Instituto Costarricense de Electricidad) por un tema de facilidad, hay una viabilidad ambiental en trámite.
“La etapa en la que estamos ahora es en aprobaciones externas para lograr los primeros desembolsos, pasar por Mideplán y de ahí a la autoridad presupuestaria, Banco Central y eso cierra el proceso.
“El diseño está casi concluido en 90%, el expediente de viabilidad ambiental ya está muy adelantado. El proyecto va avanzando según lo estimado (...). Según la programación, la construcción se daría entre el 2022 y 2025, lo que pretendemos en esta administración es dejar adjudicado el proyecto y con la viabilidad ambiental”.
–Recientemente anunciaron la firma del convenio con el Consejo Nacional de Vialidad para evitar choque en obras ¿Al AyA cómo lo beneficia y cómo operaban antes de que existiera ese convenio?
–El convenio ya existía desde el 2018, lo que se firmó fue un protocolo de coordinación de obras, lo que buscamos fue aplicar el principio de mejora continua para hacer más operativo el convenio que estaba firmado.
“Era necesario ver cómo los técnicos lo aplicaban, porque como todos los convenios marcos tiene conceptos muy generales, en este caso los mismos técnicos de cada parte establecieron sus requerimientos para poder resolver un tema complejo cuando hay cronogramas, presupuesto y contratistas diferentes en el mismo espacio.
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“Este es un protocolo desarrollado por los mismos técnicos que va a permitir la coordinación mucho más estrecha en todas las fases del ciclo de vida del proyecto. Establece el requerimiento de que las instituciones anualmente intercambien las listas de proyectos que van a ejecutar ese año (...). El resultado de esto es proyectos que sean más fluidos y pueda ser puesto en operación de forma más fácil”.
–¿Cómo van a entregar los planes de agua para Guanacaste?
–Terminando este año, Guanacaste habrá recuperado su futuro en agua y saneamiento, porque la inversión ha sido muy alta, cerca de $70 millones entre el 2018 y 2022.
“El AyA ha aumentado su cartera de crédito sustancialmente para atender esta brecha que comprometía el futuro de Guanacaste; terminando este año todos los cantones y zonas costeras tendrán su proyecto concluido o avanzado.
“El acueducto de Bagaces terminaría en los primeros meses del otro año; la rehabilitación del acueducto de Colorado Abangares, el acueducto de Cañas- Bebedero tiene 85% de avance; el acueducto de Liberia que concluyó el año pasado, el acueducto de Nicoya con etapas 1 y 2 finalizadas, los acueductos costeros.
Al final, cuando uno ve el mapa, se da cuenta que es una inversión grande que abarca prácticamente todos los cantones y que realmente es sustancial y básico para la recuperación pospandemia en una provincia que su competitividad se fundamenta en el turismo.
Aquí hay toda una base de infraestructura de agua potable y viene un ciclo nuevo de inversiones en saneamiento”.
–¿ Y en el caso de Limón, donde se dio el conflicto con las obras de la ruta 32?
–Limón va a tener un impacto muy parecido al de Guanacaste en cuanto a renovación de infraestructura, son obras que van a adjudicarse y avanzar en unos meses posteriores en el tiempo 2022, 2023 y 2024.
“Entre ellos, el alcantarillado sanitario de Limón que está en Sicop (Sistema de Compras Públicas). El proceso licitatorio, esperamos arrancar este mismo año y en el caso de Búfalo, parte de la motivación del convenio (con el Conavi) era facilitar el trabajo de coordinación con este caso que es bastante complejo e implicó la dificultad de coordinar dos proyectos con cronogramas distintos, contratistas diferentes, que inicialmente se esperaba que los pudiera desarrollar la unidad ejecutora con el contratista CHEC.
Sin embargo no se logró y quedó la necesidad de hacer esa coordinación entre las dos partes y que cada uno desarrolle su componente.
En este momento, ya hay mesas de trabajo muy activas, permanentemente todas las semanas.
En un tramo que va de Búfalo hasta MaxiPalí, esperamos tener diseños completos a mediados de agosto, tener la aprobación de la Contraloría General de la República en octubre para hacer la contratación directa y tener el proceso constructivo en el 2022.