Izamar llegó a Costa Rica hace tres años con la meta de trabajar y enviar dinero a su familia, en León de Nicaragua. Sin embargo, la falta de documentos migratorios son una barrera para garantizar el cumplimiento de sus derechos laborales.
“Es difícil tener los documentos al día porque hay que pedir tiempo en el trabajo y el costo de los trámites es muy duro para el bolsillo. Además, hay patrones que no le pagan a uno ni el mínimo y justifican todo en que uno no tiene papeles”, narró Izamar, vecina de la comunidad de La Carpio, en La Uruca.
Para atender este tipo de casos, los ministerios de Trabajo y de Gobernación anunciaron un régimen especial para regularizar la situación migratoria de unos 260.000 trabajadores en un periodo especial de atención entre el 17 de junio y el 17 de setiembre.
La cifra corresponde a un aproximado de inmigrantes que laboran sin documentos al día en sectores como construcción, agricultura y servicio doméstico.
“El propósito es reducir la tramitología para poner en ley a todas estas personas, ya que los derechos laborales son irrenunciables”, explicó Freddy Montero, viceministro de Gobernación.
De esta manera, los extranjeros podrán solicitar la documentación para sus trámites en los consultados en Costa Rica, sin que tengan que viajar hasta su país de origen, lo cual reduce la carga económica que este proceso representa.
“Los extranjeros deben demostrar que tienen una relación laboral de dependencia con anterioridad al 31 de diciembre del 2012. Además, deberán aportar documentación con los antecedentes penales en su país”, dijo Olman Segura, ministro de Trabajo
“Uno toca las puertas en fábricas y tiendas, pero, sin papeles y sin plata, uno no va a ningún lado y hacen con uno lo que quieren”, añadió Izamar, de 21 años.
Lupa rural. La iniciativa trabajará en conjunto con empresas y fincas de la zona norte y el Caribe, mediante la recolección de información en “expedientes madre”.
“La idea es obtener la información de los empleados con expedientes madre y, así, agilizar sus trámites”, añadió Segura.
Mediante la puesta en marcha del plan, se pretende resguardar garantías laborales como el cumplimiento del pago del salario mínimo, entrega de comprobante de pago y seguro social, entre otras.