La comisión legislativa que analiza la crisis del Seguro Social reactivó un proyecto de ley que pretende controlar en el país los precios de los medicamentos, que, de acuerdo con estudios del MEIC, presentan diferencias de costo de hasta un 255% entre una farmacia y otra.
El plan 17.738, presentado en mayo del 2010 por el diputado del Frente Amplio José María Villalta, se encuentra en análisis en una subcomisión de la Asamblea Legislativa e, incluso, tiene el apoyo de la bancada de Liberación Nacional.
La comisión desempolvó el proyecto a finales de junio, luego de recibir en audiencia a Marvin Rodríguez, viceministro de Economía, y a Anabelle Ulate, directora del Observatorio del Desarrollo, quienes expusieron el panorama del mercado de los medicamentos en el país.
La iniciativa de ley contempla un 23% de utilidad máxima sobre los medicamentos para las farmacias (detallistas).
En el caso de los fármacos que están incorporados al “cuadro básico” que publica la Caja, la utilidad solo sería de un 15% máximo para los comercios.
Además, se crearía la Oficina de Control de Precios de Medicamentos, que sería un órgano de desconcentración máxima adscrito al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).
Precisamente, esta última cartera ha realizado estudios sobre los precios de medicamentos y ha encontrado diferencias significativas entre una farmacia y otra en relación con un mismo compuesto.
Solo el año pasado, el ministerio encontró que el Aprovel (tratamiento para la hipertensión arterial) tenía un precio de ¢9.500 en una farmacia en Montes de Oca, mientras que en ese mismo cantón otro local lo vendía a ¢33.500.
Un caso similar ocurrió con el Exalon (contra el alzheimer), pues mientras que en algunas farmacias costaba ¢53.000, en otras el precio al consumidor era de ¢92.000.
Más control. Annie Saborío, diputada que integra la comisión sobre la crisis de la CCSS, calificó la situación de “preocupante” y reseñó casos en que pobladores de zonas rurales deben hacer largas filas en las farmacias de la capital que ofrecen los precios más bajos.
Por su parte, el viceministro Rodríguez mencionó en su audiencia ante los diputados la necesidad de crear una especie de “canasta básica” de medicamentos.
El proyecto de ley contempla sanciones de hasta 100 salarios base para quien exceda el margen de ganancia propuesto, así como para aquellos locales que den premios o regalías por la prescripción de una medicina en particular.