Por existir peligro inminente y de difícil reparación para los ecosistemas marinos de Costa Rica, el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda acogió el lunes una medida cautelar solicitada por la Fundación MarViva para suspender el estudio sobre pesca de arrastre que promueve el Gobierno.
La decisión es parte de un proceso impulsado por la Fundación para frenar del todo un plan sobre pesca de camarón que intentaba reactivar este estilo de captura en mares costarricenses, el cual se vetó en el 2020 por el Gobierno por el daño que ocasiona a otras especies de manera incidental.
El Tribunal acogió la medida este 13 de noviembre como parte del expediente 23-002732-1027-CA-4. Heiner Méndez Barrientos, ministro de Pesca y Acuicultura, confirmó este miércoles que les notificaron la resolución el día anterior.
Sin entrar a discutir el fondo del tema, Méndez aseguró que el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) acatará la disposición y tomará la decisiones correspondientes según lo dictado por el Tribunal.
Manifestó que hoy mismo el Gobierno iniciará las valoraciones correspondientes como parte del abordaje de este proceso judicial.
Al otorgar la medida, el Tribunal indicó que este era un tema de “gran relevancia y sobre el que ha existido mucha controversia en los últimos años”.
Gerardo Antonio Pérez Alfaro, juez tramitador de la medida, recordó en su resolución que la Sala Constitucional ha mantenido una línea clara en favor del ambiente y la tutela de los recursos marinos por tratarse de un derecho constitucional.
Pérez argumentó que, debido a la trascendencia y la tutela que existe sobre ese derecho, el Estado debe velar por su protección ante una situación que potencialmente pueda atentar contra él o comprometerlo.
Razones
MarViva justificó la medida cautelar solicitada al considerar que el estudio sobre pesca de arrastre que impulsa el Gobierno presenta irregularidades y falencias que contravienen, de forma directa, disposiciones emitidas por la Sala Constitucional en esa materia.
También señaló falta de solidez técnica del proyecto, vicios en el desarrollo del mismo y la afectación al ambiente que podría causar daños irreparables y violentarían el derecho constitucional consagrado en el artículo 50 de la Carta Magna.
En la resolución, el Tribunal Contencioso ordenó a Incopesca detener las faenas que se realizan actualmente y cualquier otro acto conexo realizado por esa entidad que habilite la ejecución del estudio; incluidos nuevos permisos de pesca.
Quedan también sin efecto los acuerdos de la Junta Directiva de dicha entidad que avalaron la iniciativa. Todo esto en tanto se resuelva por el fondo la demanda presentada por MarViva el pasado mes de mayo.
En agosto pasado, tres embarcaciones que participaban en el estudio promovido por Incopesca fueron detenidas por lanzar sus redes “AA Costa Rica” en aguas de áreas protegidas, confirmó entonces el propio ministro Méndez Barrientos.
La detención de los navíos fue realizada por el Servicio Nacional de Guardacostas por tratarse de un acto contrario a la normativa y a los fines del estudio.
El estudio sobre pesca de arrastre fue anunciado por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, en setiembre de 2022, durante un Consejo de Gobierno realizado en Puntarenas.
Según las declaraciones emitidas por el mandatario en ese entonces, el Poder Ejecutivo realizaría nuevos estudios técnicos para reactivar la pesca de camarón en los mares costarricenses.
Chaves sostuvo que los estudios ya habían sido aprobados por la Junta Directiva de Incopesca y que se llevarían a cabo a partir del primer trimestre del 2023, como en efecto ocurrió.
Respecto a la medida cautelar emitida, Katherine Arroyo, gerenta de Incidencia Política de MarViva, consideró que el Tribunal dio un “paso firme” hacia la protección de los ecosistemas marinos y la defensa de los recursos pesqueros de los que dependen miles de pescadores artesanales y sus familias.
Arroyo celebró la decisión, pues sostuvo que el proyecto de Incopesca está cargado de carencias técnicas y metodológicas que representan un riesgo muy alto para el mar, las economías costeras y hasta las finanzas públicas.