La presidenta del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y ministra de Desarrollo Humano e Inclusión Social, Yorleny León, confirmó que hay costarricenses que están tardando hasta dos años en cumplir los trámites para acceder a una ayuda estatal. Para ella esto es inaceptable y requiere acciones urgentes.
En entrevista con La Nación, la jerarca explicó las dificultades que enfrenta la institución para resolver este tema y la necesidad de generar cambios urgentes para atender la pobreza en el país.
- Del 2020 al 2021 incrementó en un 69% la cantidad de personas que sacaron una cita en el IMAS para solicitar ayuda. ¿La institución tiene capacidad de aumentar así su cobertura de ayuda a la población?
- Parte de este incremento que se ha venido dando también estaba vinculado con el tema del bono Proteger, que en ese momento algunas personas solicitaban citas para hacer trámite. Pero en términos de capacidad resolutiva, no, la institución no tiene capacidad para atender esta demanda creciente que tenemos de solicitudes de citas, que obviamente una solicitud de cita significa una solicitud de ayuda.
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- ¿Cuál es la capacidad de cobertura en este momento?
- Nosotros tenemos una cobertura en promedio en el IMAS que puede rondar entre los 350.000 y 450.000 personas por año, aproximadamente. No obstante, algunos beneficios son a nivel familiar, entonces la cantidad podría andar hasta en 600.000 personas atendidas.
“Aunque también tenemos casos como adultos mayores que reciben una pensión del Régimen No Contributivo (RNC) directamente con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y esas personas se quedan ahí, no tramitan otra solicitud particular, entonces puede ser que muchas sí reciben un beneficio, pero no salen en las estadísticas de nosotros en el IMAS.
“Entonces hay personas con beneficios, pero que no los reciben directamente con nosotros, si no que lo adquieren con cualquiera de las otras figuras, instituciones o programas que tiene el Estado. En ese sentido, es importante fortalecer el Sinirube para alimentarlo de información de las ayudas que brinda todo el aparato estatal y de esa manera tener una fotografía más certera de las ayudas y cuál es la fuente de financiamiento. Por eso le decimos a las instituciones que cumplamos con la ley de alimentar Sinirube”.
- Hay casos de madres jefas de hogar que cuentan que las han devuelto del IMAS porque les indican que no hay presupuesto para ayudarlas, que hubo problemas con sus trámites para acceder al beneficio o que sus datos no salen en el sistema. Ellas dicen que esto las desmotiva para seguir intentando conseguir la ayuda. ¿Cómo se puede resolver esto?
- En primer lugar el IMAS no puede otorgar ningún beneficio si hay alguna irregularidad en la identificación de la persona, eso ya se sale de nuestras capacidades. Entonces la persona tiene que verificar la situación de regularidad donde corresponda, porque no podemos darle beneficios a una persona cuyos datos personales tienen alguna inconsistencia.
“En segundo lugar, efectivamente el contenido presupuestario de la institución no alcanza para atender a todas las personas que nos solicitan ayuda y ahí es muy importante el tema de la focalización de los recursos, tenemos que lograr que los limitados recursos que tenemos alcancen para atender a la gente que más lo necesita, y nuevamente ahí el Sinirube se convierte en una herramienta importante”.
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- ¿Usted considera que el procedimiento para acceder a estas ayudas necesita cambios?
- Por supuesto, desde el día uno que llegué a la institución ese quizás ha sido uno de los mayores desvelos que he tenido y del tema que quizás más hablo en la institución. Es cómo mejor el acceso de las personas a la institución. Tiene que ser un acceso corto, claro y recto, no con tantos vericuetos como tiene hoy.
“Hay personas que están tardando hasta dos años para poder tener acceso a un servicio en la institución y eso sencillamente no puede ser porque la pobreza usted no la estanca, no le dice ‘espere hasta que me den la cita para que usted pueda generar algún tipo de efecto en mi vida’.
“Por eso estamos valorando el poder descentralizar la aplicación de la FIS y que entonces no solamente el IMAS pueda aplicarla, sino aquellas instituciones que están vinculadas con el sector social y que tienen profesionales en el área de las ciencias sociales para que la puedan aplicar. Por supuesto que esto requiere de un convenio y de un marco de legalidad que se pueda hacer en caso de incumplimiento.
“También estamos armando un tablero para poder tener nosotros un control de las FIS que se vencen y las que van entrando, hoy lo cierto es que la institución no tiene un control de ese dato, no sabemos cuántas FIS se nos vencen por día, semana, mes o por región.
“Y estamos revisando el sistema de asignación de citas porque hay un alto número de las citas que están a uso discrecional de las unidades regionales y lo estamos revisando para estandarizar el procedimiento y asegurar que la cantidad de citas disponibles realmente se puedan atender”.
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- ¿Usted sostiene la posición de que se deben buscar más formas de ayudar a estas personas más allá de los subsidios estatales?
- Sí, la intervención de parte del IMAS tiene que cambiar en términos de lo que es su modelo. Estas ayudas tienen que llevar a movilizar a las personas desde el punto de vista social. Claro está que en mucha población un modelo con esas características no funcionaría, personas con una situación particular obviamente no les estaríamos abriendo procesos más allá de la ayuda, por las características que tengan.
“Pero todo lo que se trata de población en edad escolar, madres jefas de hogar y personas en una edad productiva requieren que la institución derive a la par de esa ayuda socioeconómica otras alternativas que les permitan movilizarse en términos sociales, requieren de capacitación, subsidios en tasas de interés, en garantías, avales, en concluir grados académicos, y más esfuerzos con integralidad para que salgan de la pobreza, y sin duda el eje transversal en este ejercicio está vinculado con que consigan empleo”.
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