En una estrecha acera de la avenida 6 josefina, José Castro, de 68 años, tiene que esperar varias veces a la semana el bus a Calle Fallas de Desamparados.
Ahí soporta asoleadas, aguaceros, malos olores, peligro de asaltos y hasta heces de indigentes.
“Todo eso hay por aquí. Es terrible esperar la cazadora”, expresa Castro mientras aguarda, recostado a una vieja pared.
Muchas son las molestias que afrontan los usuarios de las 280 rutas de transporte público que ingresan en la capital, pues son pocas las empresas que cuentan con terminales.
Según información del Consejo de Transporte Público (CTP), hay 33 rutas que tienen terminales de buses en San José. Entre esos los que van a la zona sur, Alajuela, Coronado y los que viajan a Panamá y a Nicaragua.
También informó de otras 72 rutas cuyas paradas finales no tienen instalaciones como Escazú, La Uruca, Curridabat y Desamparados. Las unidades de otras 12 rutas permanecen en tránsito como Sabana.
En todo el país, cerca de dos millones de personas se movilizan en bus, la mayoría en San José.
Conflictos por espacio. Al costado este del edificio de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), decenas de viajeros hacen fila para tomar los buses a Zapote y Curridabat. En la acera, la cola compite con peatones y vendedores.
A su lado, en la calle, los choferes de vehículos se enfrascan en su propia disputa para poder avanzar, incomodados por los buses que aguardan a los pasajeros.
Otra batalla más se produce a diario entre conductores y chequeadores con los taxistas, por los espacios de las paradas.
Esta aglomeración expone a los usuarios a mayor inseguridad, según el director de la Fuerza Pública, Juan José Andrade.
Según Andrade, ante este caos que obliga a peatones, pasajeros de buses y vendedores a pelearse las aceras, implementaron un plan de vigilancia para asegurar presencia policial en las paradas. Eso, dice, disminuye los riesgos de delitos en esos puntos.
“Ordenar la ciudad ayudaría muchísimo en el tema de seguridad”, concluyó Andrade.
Solución lejana. El contrato para renovación de concesiones de rutas , emitido en 2014 por el CTP, órgano adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), estableció que los concesionarios deben tener listo, en noviembre de 2017, un plan para construir terminales.
Para ese año, las empresas deben tener definido el lote, aprobado el estudio de suelo y el de prefactibilidad, así como los planos de la obra. Todo debe ser sometido a la evaluación del CTP.
La terminal debe estar dentro del área de influencia de la ruta y estar construida en el 2020.
“Hay es una resistencia absoluta de los empresarios (...). Este es un tema país y de política de transporte; las vías públicas no pueden seguir sirviendo de terminales”, sentenció Mario Zárate, director del CTP.
Los propietarios de buses ya hablan de pedir una prórroga.
“El asunto de las terminales se las trae porque tendría que haber un estímulo en la tarifa para cubrir esa inversión”, señaló Orlando Santiago, gerente de Autotransportes Desamparados.
Santiago argumentó que el proceso establecido por el CTP carece de planificación.
“Para convertir esto en una solución tendrían que haber estudios técnicos que indiquen las zonas donde deben estar las terminales y agruparlas por rutas”, manifestó Santiago.
Alfredo Villalobos, presidente de la Cámara Nacional de Autobuseros (Canabús), aseguró que hay voluntad para edificar las instalaciones, pero tiene dudas.
“Aquí el asunto es ver dónde están los terrenos para hacer las terminales”, aseveró Villalobos.
La Municipalidad de San José indicó, por escrito, desde noviembre pasado, que está dispuesta a adaptar el uso de suelo para facilitar la construcción de las terminales.
El Ayuntamiento calificó esto como “una prioridad”.