El documento que puso a discusión el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) sobre una nueva Ley de radio y televisión imita a la legislación de Venezuela, Bolivia, Ecuador y Argentina, en el entendido de que colocan a los medios de comunicación como un servicio público y supervisado por el Estado.
A esa conclusión llega la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y especialistas en derecho internacional y libertad de expresión.
El doctor en Derecho, Asdrubal Aguiar, manifestó que el proyecto costarricense imita a los modelos suramericanos que evidencian el interés del Gobierno de controlar contenidos, no solo mediante sanciones, sino también con la asignación de frecuencias a dedo.
"Pese a que el documento en sus primeros artículos manifiesta la importancia de la libertad de expresión, el Estado tendría control de los contenidos que se publiquen en los medios, con la posibilidad de cerrar estos, tal y como ocurre en Venezuela", manifestó Aguiar.
Para Claudio Paolillo, de la Sociedad Internacional de Prensa (SIP) el texto que lideró el viceministro de Telecomunicaciones, Allan Ruiz, contiene materia que queda bajo interpretación del Estado y que amenaza la libertad de expresión y de prensa.
El artículo tercero del documento del Micitt señala de que el Estado no puede censurar información, pero artículos posteriores del documento de la discusión costarricense marcan sanciones por contenidos y no se sabe quién regularía esas reglas.
Eduardo Velazco, periodista venezolano exiliado en Costa Rica explicó la dinámica de silencio que aplicó el Gobierno venezolano con la inclusión de la creación de más radios comunitarias, mediante su ley.
"La creación de radios comunitarias no es necesariamente un homenaje a la libertad de expresión, porque si expresan algo que no vaya a favor de lo que el Gobierno quiera escuchar, se cierran", dijo Velazco, con base en la experiencia venezolana y la forma en que se redactó el documento costarricense.
Para Velazco, este tipo de discusiones no se trata de posiciones de izquierdas o derechas, sino de que estos medios comunitarios se convierten en vehículos del Gobierno, en la medida que es el aparato gubernamental define qué es y qué no información de interés público.
Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), dijo que el proyecto costarricense obliga a promover los valores y la identidad cultural, sin que se definan cuáles son esos valores y si se sancionará a quien critique aspectos de la identidad.
"Nos preocupa que un gobierno democrático como el costarricense presente este tipo de documentos. ¿Quién tiene una forma de medir los valores y el tipo de información que debe recibir la población? Se busca materializar la libertad de expresión de los medios. La intención del Gobierno es ser un vigilante de los contenidos y esto es muy peligroso para la libertad de expresión en Costa Rica", afirmó Paolillo.
Estas anotaciones se discuten en un foro sobre el proyecto de Ley general de Radio y Televisión, donde participan representantes de medios de comunicación costarricenses, diputados, representantes de cámaras empresariales y miembros del Gobierno.
El viceministro del Micitt, Allan Ruiz,llegó tarde a la participación del foro y luego de más de una hora de discusión la ministra del Micitt, Gisela Kopper, sigue ausente pese a que ayer confirmó su participación a este taller que organiza la Cámara Nacional de Radio y Televisión de Costa Rica (Canartel).