El plan de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para llevar un nuevo método anticonceptivo a las adolescentes del país fue condenado por la Conferencia Episcopal, máxima autoridad de la Iglesia católica del país.
Para los obispos costarricenses fue "inapropiada" la decisión de la Caja de "promover la sexualidad humana como algo puramente biológico, sin tomar en cuenta el núcleo íntimo de la persona", indicaron en un comunicado de prensa.
"El 'implante subdérmico' u otros tipos de anticonceptivos aplicados a niñas y adolescentes sin la debida educación sexual, según los valores morales y religiosos de sus familias, las puede someter a experiencias sexo-genitales y sentimentales que marcarán negativamente su vida afectiva posiblemente para el resto de sus vidas, porque de alguna manera se está abriendo el camino al vicio desde los años de la inocencia", expresan los obispos en el comunicado.
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El implante subdérmico es un método anticonceptivo que se coloca debajo de la piel del brazo de la mujer, para protegerla de un embarazo hasta por tres años. La Caja anunció su introducción al país el 27 de julio, cuando también informó de que el público meta del dispositivo son las adolescentes, con el objetivo de prevenir embarazos a edades tempranas.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en en 2015 se registraron 11.600 embarazos de menores de 19 años.
El proyecto de la Caja comenzó en áreas de alto embarazo adolescente como La Cruz en Guanacaste y las regiones Brunca y Atlántica.
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"Pretender abordar al problema de los embarazos prematuros de las adolescentes, fruto de incestos, violaciones o relaciones impropias, a través del 'implante subdérmico' u otros tipos de anticonceptivos, más que sanar el problema es exponer aún más a las niñas y adolescentes víctimas de tales crímenes a sus victimarios", expresaron los sacerdotes.
Los religiosos también critican que las muchachas no necesiten el consentimiento de sus papás para colocarse el implante, lo cual, según ellos, violenta la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Constitución Política.
La Conferencia Episcopal instó a los padres de familia a rechazar "todo tipo de educación sexual secularizada y antinatalista".
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En julio de este año, el Ministerio de Educación Pública (MEP) anunció que a partir del 2018, los alumnos de décimo año cursarán una materia específica sobre sexualidad, en la que aprenderán sobre temas como cambios biológicos y psicológicos que ocurren durante la adolescencia, la diversidad de identidades de género, el respeto, la prevención de la violencia y las relaciones impropias.
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