Diez personas fallecidas aparecen aún como las responsables de operar 11 rutas de transporte público de autobús.
Todos ellos fungen como “operadores” vigentes en los registros del Consejo de Transporte Público (CTP).
En algunos de los casos, estos “operadores” murieron desde 1995 sin que el CTP registrara su deceso e iniciara el proceso establecido por la ley para poner en orden el funcionamiento de cada ruta.
Ante la ausencia de los dueños del permiso o concesión, algunas rutas han continuado bajo el mando de familiares, fueron cedidas a un tercero sin formalizar ningún trámite ante las autoridades o están inactivas.
Por ejemplo, Juan José Mora León, concesionario de la ruta Bribrí–Suretka–Shiroles (Talamanca), murió el 18 de setiembre de 2009. Su familia continuó dando el servicio hasta que en abril de 2014 presentaron un proceso sucesorio para traspasar la concesión a nombre de Marielos Mora Sanabria, hija del difunto.
Ese trámite fue rechazado y archivado por el CTP en diciembre de 2014 ante la falta de requisitos. Sin embargo, Mora Sanabria sigue operando el servicio concedido a su padre.
Otro de los casos es la ruta 313, entre Nochebuena–Turrialba y viceversa, que sigue en manos de Héctor Romero Vargas, quien murió el 27 de julio del 2010.
Luego de esa fecha, según un informe dado por el CTP a La Nación , el recorrido fue tomado por Madriz Mata S. A., sin completar el proceso legal respectivo.
Sin personal. Aura Álvarez, directora técnica del CTP, manifestó que solo tiene cinco inspectores para controlar cientos de rutas en todo el territorio nacional.
De acuerdo con el Consejo, adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) , de los 11 recorridos “manejados” por muertos, tres están en proceso de sucesión, tres fueron asumidos por terceros y cinco están en proceso de ser eliminados por abandono e inactividad.
Una de esas rutas es la 586 (Las Juntas de Abangares–San Rafael), otorgada a Vinicio Jiménez Camacho, quien falleció el 14 de abril de 1995 y aún no se ha eliminado el trayecto a su nombre.
“Este problema lo tenemos no solo en concesiones (de bus), sino en taxis también. Incluso, presentan una gestión de una persona que ya murió y cuando llegamos a hacer la verificación, constatamos que la persona murió y se le tiene que dar otro trámite”, explicó Sidia Cerdas, de Asuntos Jurídicos del CTP.
“El problema es que no ha habido denuncias, porque si se hubiese dado una denuncia, inmediatamente se constata la situación”, agregó Cerdas.
Fernando Montero, especialista en Derecho Civil, afirmó que en caso de accidente, el responsable sería el propietario del autobús en que ocurra el percance.
“Quien responde es el dueño del autobús, quien aparezca en el Registro como dueño va a ser el responsable de los daños”, dijo.
Se desconoce si los buses, en estos casos, están a nombre del fallecido o de terceros. En la primera situación, el proceso de un eventual cobro de responsabilidad civil sería complicado.
No obstante, el ministro Carlos Segnini dice que “el permisionario o concesionario vigente es el responsable; una persona muerta pierde responsabilidad”.
Incumplimiento. Este diario verificó que ninguno de los “operadores” fallecidos cumplen requisitos de la Ley Reguladora del Transporte Remunerado de Personas (3.503). Según un informe de cumplimiento del CTP, a octubre del 2014, las rutas en manos de muertos mantenían deudas con la seguridad social, tributación y carecían de pólizas de seguros.
Aura Álvarez reconoció que no se han impuesto sanciones a esos “operadores”.