El Consejo de Transporte Público (CTP) informó de que el 98% de la flotilla de buses del país cuenta con rampa de acceso para personas en silla de ruedas.
El miércoles venció el plazo para que las 480 empresas de transporte público activas en el país, obtuvieran e instalaran este tipo de dispositivos.
Según Aura Álvarez, del Departamento de Inspección y Control del CTP, cerca de 4.300 unidades tienen rampas de acceso, cinturones y timbres al alcance de los discapacitados.
De acuerdo con datos del Consejo, en el país hay 4.630 buses autorizados.
Las compañías que incumplieron el mandato se exponen a perder la concesión. Álvarez explicó que la decisión de retirar la concesión dependerá de la Junta Directiva del Consejo.
“No podemos hacernos de ojos ciegos a lo que dispone la ley (...); corresponderá al órgano director determinar (sanciones), pero, eventualmente, podría darse una pérdida de la concesión después de un debido proceso”, dijo .
El CTP, un órgano adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) presentará, en los próximos días, un informe detallado de las firmas que incumplieron, para que la Junta Directiva inicie los procedimientos para aplicar sanciones.
El año anterior, el CTP renovó todas las concesiones de transporte público por un periodo de siete años.
Además, la Policía de Tránsito está facultada para retirar las placas de los buses que circulen y no tengan rampa.
Desde el 2007, el Consejo estableció un programa de cumplimiento por etapas a fin de que las concesionarias cumplieran los requerimientos de ley.
En principio, el plazo para hacer cambios en los buses vencía en diciembre anterior, pero, por solicitud de los concesionarios, se dio una prórroga de tres meses. La funcionaria aseguró que hacen controles constantes para garantizar que los vehículos ofrezcan las plataformas.
“Recordemos que la revisión técnica vehicular (para buses) es dos veces al año y Riteve debe fiscalizar la existencia de las rampas en cada uno de los buses”, añadió Álvarez.
Dudas. José Rojas, representante de la Asociación Pro Defensa de los Usuarios de Servicios Públicos (Asoprousuario), cuestionó la veracidad de los datos divulgados por el CTP.
“Es mentira, es completamente falso. Podemos invitar al señor ministro de Transportes (Carlos Segnini) a que nos acompañe a las empresas que tenemos identificadas y que no cumplen con lo que dice la ley”, afirmó Rojas.
La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) calcula que el negocio autobusero mueve en Costa Rica ¢358.000 millones al año.