El Ministerio de Salud quitará las amarras que impiden a las municipalidades generar energía eléctrica mediante la quema de desechos sólidos.
Dicha cartera ya tiene listo un reglamento que permitirá levantar la prohibición que el Gobierno impuso, en junio pasado, a la coincineración de basura.
Varios ayuntamientos ven en esa técnica una posibilidad de captar ingresos y de resolver el problema del tratamiento final de los desperdicios.
Entre tanto, grupos de vecinos miran con temor la idea.
Uno de los elementos que pesaron para que el Poder Ejecutivo decretara la moratoria fue, precisamente, la falta de conocimiento en el país sobre ese nuevo proceso.
Además, se señaló la carencia de reglas para controlar posibles daños a la salud pública, contaminación y emisiones de gases tóxicos.
Reacciones. Luego de un prolongado proceso de revisión y de dos consultas públicas, las normas para la coincineración de basura ya fueron aprobadas por el Ministerio de Salud.
El reglamento detalla el tipo de desecho que se podrá procesar, los materiales que no podrán quemarse, el equipo que deberán tener las instalaciones incineradoras y los controles sobre las emisiones.
Además, se detalla que las plantas podrán iniciar operaciones seis meses después de que el reglamento se publicado en el diario oficial La Gaceta .
“Como país, es una opción que debemos manejar; hay que tener un abanico de posibilidades, y el reciclaje, rellenos e incineración son las que el Estado tiene ahora”, alegó Ricardo Morales, de Vigilancia de la Salud.
Mora indicó que las reglas se basan en normas norteamericanas y europeas (como de la Agencia de Protección Ambiental).
La noticia fue recibida con entusiasmo por municipalidades que, debido a la prohibición, tuvieron que posponer sus planes de impulsar proyectos para la quema de basura.
Cuando se emitió la moratoria, por ejemplo, el Ayuntamiento de León Cortés ya tenía el aval para contratar a la firma Agropecuaria 7048 y construir una planta gasificadora para convertir 45 toneladas en un megavatio.
En junio, luego de una protesta vecinal, San Ramón sepultó un proyecto simular.
Yadira Soto, vecina ramonense, ignoraba el reciente aval de Salud, pero sostuvo que la comunidad se niega a sufrir por la emisión de gases, olores y el tránsito diario de camiones recolectores.
Al respecto, Mercedes Moya, alcaldesa de San Ramón, y Gilberto Monge, alcalde de Mora, alegaron que la reincineración ofrece una salida ante el colapso de los rellenos sanitarios.
El depósito ramonense, por ejemplo, debe cerrar el 19 de agosto, por orden de la Sala lV.
Últimos trámites. El aval de Salud no es el único requerido para dar luz verde a la quema de basura.
El nuevo reglamento está bajo revisión de la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental (Digeca), y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), ambas adscritas al Minae.
Édgar Gutiérrez, jerarca del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), pondrá su firma una vez que obtenga el visto bueno de ambas entidades, indicó su jefe de despacho, Leonardo Chacón.
Luego, el reglamento será enviado a revisión a Casa Presidencial. Una vez que sea publicado en el diario La Gaceta , se levantaría automáticamente la moratoria .
Por su parte, Marlon Yong, funcionario del área de tarifas de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), explicó que ya se está elaborando la metodología para fijar el precio del kilovatio producido.
La entidad trabaja en separar los costos de residuos, de los de generación eléctrica, para definir quién debe pagar qué.