Los 81 cantones de Costa Rica crecen como una telaraña en la que cada día se agregan nuevas redes de viviendas, edificios, vehículos y otros servicios públicos urgidos de planificación.
Para esta estructura de cambios, el Gobierno publicó en el diario oficial La Gaceta la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, que proyecta sus metas para el 2030 y que busca un balance entre el crecimiento urbano, la protección al ambiente y la competitividad de los cantones.
Con base en esos tres ejes, el documento gubernamental pinta un escenario ideal sobre el orden del territorio nacional. Sin embargo, a la fecha solo 37 cantones tienen un plan regulador que controle su uso del suelo y el abordaje integral de las viviendas y servicios.
“Es necesario diseñar mecanismos para la descentralización administrativa, legal y financiera del ordenamiento territorial hacia los gobiernos locales”, señala uno de los lineamientos de la política que dictó el Ejecutivo.
Atados. Los municipios sostienen que el exceso de trámites, los años de espera en instituciones públicas –como la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) o el Instituto de Vivienda y Urbanismo (INVU)– y los altos costos económicos de la elaboración de planes reguladores limitan, de forma significativa, la planificación urbana.
San José, Escazú, Desamparados, Montes de Oca, Santa Ana, Coronado, Liberia y Curridabat figuran en la lista de los cantones que tienen un plan. Mientras, Palmares, Tarrazú, Hojancha y Orotina son parte de los 44 que carecen de una estrategia para regular su crecimiento.
“En Palmares se contrató a una empresa que hizo el trabajo de diseño del plan regulador, pero cuando fue sometido a audiencia pública, fue rechazado y desde ahí es un tema tabú en el cantón”, explicó Bernal Vargas, alcalde de ese cantón alajuelense.
Lo mismo ocurrió en Hojancha, Guanacaste. La empresa que hizo el plan regulador planteó un trabajo que no coincidía con la realidad. A la fecha, sigue estancado.
“Es un proceso que empezó desde finales del 2011, pero falló la empresa y ahora no podemos hacer nada. No tenemos los técnicos ni los recursos”, dijo Leidy Carrillo, de la Comisión de Plan Regulador de Hojancha.
La planificación no solo busca un punto de equilibrio entre el espacio construido y el medio natural, sino también la prevención para que las familias no vivan en zonas con riesgo de desastre.
Sobre los asentamientos humanos, la segunda conferencia de la Organización de Naciones Unidas (ONU) señala que se debe garantizar “vivienda adecuada para todos y un desarrollo sostenible del proceso de urbanización”.
Sobre el eje de protección ambiental, la política busca que dentro de dos décadas Costa Rica haya desestimulado el uso del vehículo particular a cambio de mejores redes de transporte público.
También se busca que por cada 10 habitantes estén disponibles 100 metros cuadrados en áreas verdes para el esparcimiento.
“La propuesta de carbono neutral hace una apuesta por acciones relacionadas con la disminución de gases, específicamente a través del uso de sistemas alternativos de transporte. Desamparados está en proceso de diagnóstico para definir una propuesta de sistema de transporte integrado”, indicó el ministro de Vivienda, Guido Monge.
La Unión Nacional de Gobiernos locales (UNGL) aboga para que en este proceso haya más autonomía de los municipios en la toma de decisiones para aterrizar los planes reguladores faltantes.
“Hemos sido insistentes en la plenitud de potestades para que los municipios puedan formular sus planes”, expresó Karen Porras, directora ejecutiva de la UNGL.