Un total de 23.300 familias tuvieron que pagar el impuesto al valor agregado (IVA) por primera vez en sus recibos de luz, debido a que aumentaron su consumo de energía en abril.
Se trata de abonados de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) y de las seis distribuidoras que conforman la Cámara de Empresas de Distribución de Energía y Telecomunicaciones (CEDET), donde se incluyen cooperativas y la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH).
Allan Benavides, presidente de CEDET, explicó la mañana de este lunes que estos clientes residenciales antes no pagaban IVA, pero que se les aplicó el impuesto al exceder el consumo mensual de 280 kWh.
“El IVA, como impuesto en las compras de energía, es un trasladado al bolsillo de los ciudadanos a través de tarifas, las empresas no generan recursos,
"Desde que se trató de implementar, advertimos que iba a significar una carga más en las tarifas de los abonados, porque el insumo incide en la actividad nacional, industria, comercio, hogares. Nadie se dio cuenta que iba a venir una pandemia y que se iba a obligar a las familias a permanecer en sus casas”, sostuvo Benavides.
Indicó que medidas de distanciamiento aplicadas contra el covid-19, como el teletrabajo y la educación en casa, implicaron fuertes cambios en los hábitos de consumo energético que se vieron reflejados en los recibos del mes pasado.
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“Las medidas de confinamiento promueven que en la casa estén escolares y encargados haciendo teletrabajo. Eso implica tres tiempos de cocción de alimentos, uso de computadoras, lavado (...) son variables que los clientes están experimentando y se ven reflejadas en la facturación”, explicó Adam Marchena, subdirector de comercialización de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz.
Pese al aumento en la facturación, los representantes aseguran que la situación actual impactará los ingresos, pues aunque hubo un aumento en el consumo residencial, registran bajas en los consumos industriales y comerciales.
Al respecto, Benavides señaló que la facturación no implicará, precisamente, un incremento en la recaudación, ya que muchos abonados no van a poder enfrentar el pago total de sus recibos.
De hecho, señaló, solo en el caso de las compañías que conforman CEDET más de 3.000 personas ya han buscado arreglos de pago.
Rubén Zamora, asesor legal de esa cámara, agregó que también enfrentan un impacto indirecto a causa de la aplicación del impuesto al valor agregado a la producción de energía.
“Antes, no se aplicaba un cobro de IVA a nivel de generación. Desde la ley (reforma fiscal), el Ministerio de Hacienda obliga a realizar esos pagos que se hacen por el 100% de las compras; a la hora de trasladar ese impuesto, no se puede trasladar a todos los usuarios”, explicó.
Lo anterior obedece, según explicaron, a que parte importante de los usuarios residenciales de las distribuidoras están exonerados por ley, con lo cual se genera un aumento de los costos y, por ende, un “hueco financiero” para las distribuidoras, que obliga a trasladar dicho costo a las tarifas.
Al respecto, los representantes de las distribuidoras abogaron por la aprobación de un proyecto del diputado José María Villalta, del Frente Amplio, para resguardar la exoneración a los entes públicos, asociaciones cooperativas y consorcios cooperativos que distribuyen electricidad.
De concretarse dicha iniciativa, las empresas que brindan el servicio eléctrico se librarían de dicho gravamen.