Dudas sobre la sostenibilidad financiera del régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), administrado por la CCSS, motivaron al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) a lanzar una alerta sobre la existencia de “problemas fundamentales” para la entrega de pensiones en el mediano y largo plazo.
Así consta en una carta que el Conassif –máximo regulador financiero del país– envió el pasado 26 de febrero a Ileana Balmaceda, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), y a José Luis Martínez, gerente de Pensiones.
En la misiva –de la que La Nación tiene copia–, el Consejo llama la atención a la Caja por no atender oficios que la Superintendencia de Pensiones (Supen) le ha enviado en los últimos años.
En ellos, la Superintendencia ha señalado inconsistencias en estados financieros, registros erróneos en la acreditación de cuotas y falta de firmas en las actas del Comité de Inversiones.
Debido a lo anterior, Conassif estima que es “indispensable poner en conocimiento de las más altas autoridades del poder público y político del país, los elementos señalados en el referido informe”, en referencia al más reciente análisis hecho por Supen.
Tan grave considera la situación, que acordó enviar el documento al Consejo de Gobierno.
La Caja confirmó el acuse de recibo de la nota del Conassif, pero el gerente de Pensiones indicó que están solicitando el informe para analizarlo.
Dijo, además, que precisamente ayer había mantenido una reunión con personeros de la Supen para evaluar lo referente al IVM.
El régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte es el más grande del país: tiene una reserva de ¢1,5 billones y en él cotizan 1,4 millones de trabajadores.
Según la Caja, si no se hiciera nada la reserva alcanzaría hasta el 2040; Supen dice que será al 2027.
José Luis Arce, presidente del Conassif, criticó ayer las actuaciones de la Caja y mostró su “preocupación” por las situaciones que señala la Superintendencia.
“Es conveniente que la Junta Directiva de la Caja esté enterada (de la situación del IVM), que visualicen los problemas, los que finalmente van a afectar a las personas y a las finanzas públicas”, aseveró Arce.
Estado de la situación. La posición del Conassif se basa en el informe que le rindió, semanas atrás, la Supen sobre el estado de los regímenes de jubilación.
En ese documento, obtenido por este diario, la Superintendencia insiste en realizar un estudio actuarial al IVM y, con base en este, evaluar un alza en los aportes.
A criterio de la Superintendencia, los estados financieros del régimen indican que “los ingresos del periodo apenas alcanzan para cubrir el gasto en pensiones”.
Como salida a la situación del IVM, la Supen dio una “hoja de ruta” a seguir.
Martínez, de la gerencia de Pensiones, reconoció que hay una necesidad de hacer ajustes, pero sostuvo que de las 84 solicitudes de información hechas por la Supen, ya se atendieron 68; las restantes, dijo, “están en proceso”.
Una de ellas, señaló el gerente, tiene que ver con la “pensión proporcional”, la cual permite a una persona retirarse antes de los 65 años, pero con un subsidio menor al que le correspondería si se espera a cumplir la edad mínima.
Según Martínez, ese beneficio no ha sido oportuno para el IVM, pues “mucha gente igual se está retirando con la pensión mínima”.