Si un niño nace con sordera, su familia no tendrá que esperar meses o años para darse cuenta de la deficiencia para oír.
Este es el propósito del tamizaje auditivo al que serían sometidos los recién nacidos antes de salir del hospital, a partir de finales de 2013.
El examen médico identifica si las células llamadas ciliadas (que transforman las vibraciones en sonido) funcionan en forma adecuada o si se necesita un audífono.
La medida será un servicio de carácter obligatorio en los hospitales, según lo establece el proyecto de Ley de Tamizaje Auditivo Neonatal, aprobado por mayoría, en la Comisión Plena Segunda de la Asamblea Legislativa.
Este examen prevé una reducción de problemas de lenguaje y una mejor inserción de los niños con deficiencia auditiva en el sistema educativo.
“Lo que se busca es la detección temprana, para así mejorar la calidad de vida de los menores de edad y facilitarles su proceso de aprendizaje”, explicó la diputada socialcristiana Gloria Bejarano.
El diagnóstico tardío representa un atraso sustancial en el desarrollo de las habilidades de lenguaje y comunicación del menor.
“Con este examen, a los 15 días de nacido nos damos cuenta de si hay pérdida auditiva. Actualmente, muchos de los casos llegan tarde a los consultorios y hay problemas en el proceso de aprendizaje del niño”, dijo Natalia Valenciano, vicepresidenta de la Asociación Costarricense de Audiología.
Las cifras del Hospital de la Mujer registran que cuatro de cada 1.000 recién nacidos presentan deficiencias auditivas.
“El lenguaje oral tiene que estar concreto a los tres años; si a los seis meses el niño tiene una pérdida auditiva, tiene que ponerse una prótesis auditiva de rehabilitación”, explicó la especialista Valenciano.
La nueva ley también obliga a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) a otorgar “ayuda económica a la población asegurada para la adquisición de estos audífonos, implantes cocleares y otras ayudas técnicas”, señala el texto.
En desacuerdo. Debido a la inversión que representa esta iniciativa de ley es que la Caja se pronunció en contra, como explicó la presidenta ejecutiva de la entidad, Ileana Balmaceda.
“Esto requiere una inversión considerable y me preocupa que hayan aprobado un proyecto de ley sin tomar en cuenta el criterio institucional. Debemos analizar el texto y presentar una acción de inconstitucionalidad, en caso de ser necesario”, agregó Balmaceda.
La ley también establece que el Estado deberá garantizar las condiciones óptimas de educación para los niños con sordera.
“La educación pública de Costa Rica tiene muy poca capacidad de detección de los problemas de aprendizaje y eso debe corregirse”, manifestó la diputada Bejarano. Colaboró: Amy Ross