La relación entre el ICE y la Contraloría General de la República volvió a tensarse por la orden que recibió el Instituto Costarricense de Electricidad de sancionar, con 20 días de suspensión, a cuatro altos funcionarios.
El caso data del 2012 y se centró en 11 empleados del ICE quienes en el 2010 hicieron posible un pago adelantado a la telefónica china Huawei para proveer telefonía celular.
La Contraloría declaró en noviembre del 2015 “grado de culpa grave” para todos los involucrados por el giro de $4,6 millones de fondos públicos a la firma asiática por 126 radiobases contratadas pero sin instalar.
En el procedimiento administrativo de Hacienda Pública DJ-52-2012 , el órgano decisor ordenó así 20 días de suspensión sin goce de salario para cuatro funcionarios activos del ICE.
Los otros siete evitaron la sanción debido a que ya no trabajaban allí al momento de emitirse al acto final del caso. Uno de ellos también apeló y se libró del castigo.
Estas personas fueron: Francisco Rojas iralt, José Abraham Madrigal Saborío, Francisco Salas Hernández, Iván Flores Arias, Luis Mauricio Moreno Paniagua, José Pablo Blotta Phillips y Claudio Bermúdez Aquart.
Según ese acto final, “es evidente que en el proceder de los intimados existió negligencia, imprudencia e impericia en su proceder y sus actuaciones no estuvieron a pegadas ”.
Agotada la instancia de apelación en dicho procedimiento administrativo, la CGR comunicó el 11 de octubre anterior al presidente ejecutivo del ICE, Carlos Obregón, que debía sancionar a estos cuatro trabajadores responsables de la falta.
Estas personas son Luis Pacheco Morgan, gerente de electricidad del ICE, Clemencia Barrantes, asistente ejecutiva de la gerencia de telecomunicaciones, Illiana Rodríguez Quirós, asesora legal de la división jurídica corporativa y Waldemar Núñez, jefe de la división corporativa de abastecimiento.
Sin embargo, el 21 de octubre, Obregón informó a la contralora general, Marta Acosta Zúñiga, se desacuerdo y solicitó al órgano decisor revisar su resolución y no aplicar el castigo.
El 8 de noviembre pasado, según documentos del expediente DJ-52-2012, Acosta informó a Obregón que dicha resolución no es algo sobre lo cual “deba estar de acuerdo o no” la presidencia ejecutiva del ICE e incluso se permitió recordarle a Obregón que un incumplimiento de lo dispuesto lo haría incurrir en el delito de desobediencia.
Dos días luego, Roberto Chacón, jefe de personal del ICE, respondió a Acosta que aplicarían las suspensiones a partir del 28 de noviembre pero “se procederá bajo una condición de protesta”.
Fricciones. El intercambio representa otro de los diversos choques del ICE con la Contraloría.
En agosto del 2015, la empresa demandó a la CGR en vía contenciosa administrativa para prevenir que le dé órdenes de cómo funcionar luego de que Acosta divulgó en la Asamblea Legislativa información relativa a las finanzas de Radiográfica Costarricense, una filial del Grupo ICE.
En octubre del 2015, la Contraloría ordenó sancionar con tres años de prohibición para ocupar cargos públicos a Alejandro Soto Zúñiga y Martín Vindas, ambos exgerentes del ICE y a Claudio Bermúdez, exgerente de telecomunicaciones de esa entidad.
El castigo fue por no acatar la orden de la CGR en 2012 de someter a refrendo el contrato de fideicomiso Range (Red de Acceso de Nueva Generación) para proveer Internet de fibra óptica.
No obstante, en julio pasado, Bermúdez y Soto interpusieron una medida cautelar en vía contenciosa administrativa contra la decisión. Según el expediente 16-006691-1027-CA-5, el ICE solicitó ser coadyuvante de estos particulares .
Además, en abril de este año , Acosta aseguró ante diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público del Congreso que información que el ICE le entregó a la Contraloría no permitió realizar un análisis general de la finanzas del Instituto.
Ese examen incluía una revisión de su solvencia, nivel de endeudamiento y rentabilidad.