El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) deberá pagar $1,8 millones por cinco multas debido a incumplimientos en los plazos de entrega de proyectos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) para cerrar la brecha digital.
El castigo económico fue impuesto por el Banco de Costa Rica (BCR) en calidad de fiduciario del Fideicomiso Fonatel. Las multas se derivan de procedimientos administrativos ya resueltos, cuyas decisiones se notificaron al Instituto entre enero y febrero de este año.
Fonatel se creó con la Ley General de Telecomunicaciones y se alimenta de aportes de los operadores de telecomunicaciones. Su fin es llevar Internet, telefonía e instrucción digital a comunidades y zonas donde las empresas comerciales no ofrecen sus servicios, con la misión de asegurar a esas poblaciones acceso a telecomunicaciones.
Los problemas detectados en esos casos consistieron en atrasos de hasta 485 días en la entrega de servicios de Internet en comunidades de la región Chorotega y Pacífico central.
Una multa asciende a $746.969, según la resolución RES-2024-4-16, ligada al contrato N°001-2017 Superior Pacífico Central, en el cual hubo atraso en la entrega de ese servicio en 10 sitios. Las soluciones llegaron con demoras de entre 450 y 485 días a lugares como Santa Rosa de Lepanto, Las Loras, Quebrada Negra, Puerto Palito y playa Hermosa, entre otras, localizadas en la provincia de Puntarenas.
Esas soluciones llegaron entre enero y febrero del 2022, aunque debió ocurrir un año y tres meses antes.
Otra multa fue por $555.992 según la resolución RES-2024-1-8, por atrasos de entre 424 y 475 días en llevar el servicio de telecomunicaciones a las localidades de Río Montaña, Pueblo Nuevo de Nosarita, Pilas Blancas, Garcimuñoz, Picudas y Colas de Gallo, todas en Guanacaste.
Las fechas de entrega pactadas iban de enero a marzo de 2022, pero las soluciones se entregaron en la segunda quincena de noviembre de 2023.
Otra multa, por $208.312,50, se debió a atrasos de hasta 458 días en servicios de Internet en las localidades de Belice y Puerto Castilla, en Guanacaste, según resolución RES-2024-2-12 del BCR.
Finalmente, otras dos multas por las sumas de $202.514 y $125.946 se dieron por situaciones similares en otras comunidades de Guanacaste, de acuerdo con las resoluciones RES-2024-2-11 y RES-2024-1-7.
Avanzada la tarde de este martes, La Nación envió consultas al ICE pero se está a la espera de respuestas.
‘Extrema dificultad’
En todos estos cinco procesos, el ICE interpuso recursos de revocatoria contra la resolución que dictó acto final para la aplicación de cláusula que incluyó las multas en el contrato suscrito por el Fideicomiso de Gestión de Proyectos y Programas de Fonatel y el Instituto.
Como parte de su defensa, el Instituto este remitió informes al Fideicomiso a cargo del BCR en el cual alegó condiciones de “extrema dificultad”, como falta de líneas eléctricas y problemas de accesos, los cuales le impidieron atender la totalidad del alcance con radiobases de telecomunicaciones para atender los puntos incluidos en los proyectos ejecutados en las regiones de Pacífico central y Chorotega.
También invocó condiciones climáticas adversas en algunos de esas comunidades.
Para justificar sus razones, el contratista aportó fotografías, condiciones del terreno y explicaciones por escrito de la necesidad de equipo especial para llegar a los puntos a hacer las obras de telecomunicaciones.
También invocó riesgos de desprendimiento de materiales en taludes a lo largo de algunos de los trayectos para llegar a los destinos.
Razonamiento del Fideicomiso
El Fideicomiso Fonatel, a cargo del Banco, rechazó sus argumentos.
Por ejemplo, indicó que las fotografías presentadas por el ICE no se encontraban asociadas a un sitio en específico y que de manera general, la empresa pretendió ilustrar la maquinaria que se necesita para realizar los despliegues.
Señaló que tampoco resultaba posible generalizar que los accesos a los sitios eran idénticos para que se necesiten las mismas dimensiones en los caminos o la misma cantidad de materiales.
Como este tipo de elemento probatorio no fue individualizado, se rechazó el argumento.
Sobre las condiciones climáticas adversas, el Fideicomiso rechazó el argumento porque nunca se hizo constar durante el proceso que se hubiese hecho uso de las distintas herramientas que disponen las normas de contratación administrativa, como prórrogas al plazo, en caso de que las obras tuvieran que verse suspendidas por condiciones climáticas adversas.
Según el Fideicomiso, si existía alguna condición climática que tuviera impacto sobre el cumplimiento de las fechas de entrega, el contratista debió oportunamente realizar las gestiones que correspondiera, en lugar de no entregarlo del todo.
Además, en cuatro casos resueltos, la Administración Fiduciaria del Fideicomiso advirtió que parte de las falencias en los argumentos del ICE fueron por omisión y no verificación de alternativas o planes remediales a valorar para poder hacer el despliegue.
“Es hasta esta etapa procesal en el procedimiento sumario que el ICE presenta fotografías o argumentos relacionados con la maquinaria o la cantidad de material que se necesita para ingresar al sitio”, se lee en cuatro de las resoluciones donde se explica este punto.