ICE cancela a Hacienda $4,6 millones en tributos adeudados por Cable Visión

Instituto pretendía inicialmente devolver a exdueños de cablera el dinero que estaba en fondo de contingencias fiscales; Contraloría fustigó ese acuerdo

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El Grupo ICE canceló al Ministerio de Hacienda $4,6 millones por impuestos pendientes de la empresa Cable Visión de Costa Rica (CVCR), firma que había adquirido en 2013.

El pago (más de ¢2.800 millones) fue confirmado a La Nación por el jerarca de esa cartera, Elian Villegas Valverde.

Dicho monto, era objeto de una demanda presentada en 2018 en la via contencioso administrativa por parte de los expropietarios de la cablera, con los cuales el Instituto había pactado la devolución del dinero correspondiente a contingencias fiscales.

La suma estaba incluida en la sección de provisiones y cuantías reservadas para enfrentar procesos judiciales en los estados financieros del Grupo ICE para 2020. La entidad, según esos informes, rechazaba el monto de la obligación.

“El Grupo ICE se opone al importe de la demanda, ya que a dicho monto se le deben aplicar las deducciones por la cancelación de los periodos del 2010 al 2013. Con base en el criterio de sus asesores legales, el Grupo ICE ha provisionado al 31 de diciembre de 2020, un monto de ¢1.798 millones asociado a la resolución de este litigio”, indicó en su balance de resultados del 2020.

El caso se tramita bajo el expediente 18-011595-1027-CA, confirmó el departamento de prensa del Poder Judicial.

Pacto cuestionado

El Grupo ICE lo conforman el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), Radiográfica Costarricense S.A., la Compañía Radiográfica Internacional Costarricense, S.A. (CRICSA), y Gestión de Cobro Grupo ICE.

Hasta octubre de 2019, se incluía Cable Visión, pero el ICE la absorbió en octubre de 2019, después inyectarle ¢23.000 millones de salvavidas financiero, entre el 2014 y 2017, poco después de comprarla ya en condición de deterioro financiero, como reveló otro informe de auditoría interna de la CGR.

Por esa empresa, el Grupo pagó $12,3 millones en diciembre de 2013.

En aquel momento, pactó con los anteriores dueños de Cable Visión que les devolvería el dinero de contingencias fiscales cuando expirara el contrato de compraventa de la empresa, al cabo de 10 años (en diciembre del 2023).

Ese arreglo fue objeto de señalamientos por parte de la Contraloría General de la República (CGR) en un informe de auditoría de junio del 2018, pues para el órgano contralor fue un manejo inadecuado de dicha reserva de ley, en perjuicio de la Administración Pública.

Por esa causa, la CGR abrió un procedimiento administrativo a cuatro exdirectivos de la cablera y a un abogado de la División Jurídica del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), en octubre del 2018, bajo el expediente CGR-PA-2020004639, según el Sistema de Consulta de Sanciones de la Hacienda Pública de la CGR.

Según la Contraloría, en el proceso hubo faltas en el manejo del dinero de la cablera para posibles imprevistos tributarios, pues determinó que el monto de $4,6 millones se estimó gracias a declaraciones de impuestos sin apego a la realidad económica y legal de la empresa.

Sin solvencia

De acuerdo con los estados financieros auditados de Cable Visión de Costa Rica del 2009 al 2013, esta supuestamente gozaba de solvencia patrimonial debido a una revaluación de sus activos en redes de telecomunicación (su principal recurso) y ganancias acumuladas por sus operaciones comerciales.

Ambos componentes aportaban 80% del total de su patrimonio.

Sin embargo, no había tal solvencia patrimonial porque toda su contabilidad se basó en “prácticas empresariales incorrectas”, tanto administrativas como técnicas, comerciales y contables, de acuerdo con la alerta dada por una firma de auditores externos en informes de valorización de la cablera y otros documentos analizados por la CGR.

Había así incongruencias sobre la información ligada a ventas y cantidad de clientes; falta de controles sobre el estado de la red de transmisión y hasta una revaluación de activos sin justificación técnica que hizo un empleado de la empresa “sin evidencia de una metodología medible y verificable técnicamente”.

Para la Contraloría, el ICE debió rectificar de inmediato todas las declaraciones de impuestos de su nueva subsidiaria apenas la compró, en el 2013, y ponerla al día en sus obligaciones frente Hacienda al ser el Grupo ICE un ente público y, en adelante, el único socio de Cable Visión de Costa Rica.

Nota el editor: Esta nota fue corregida a las 11:59 a. m.