El plan que pretendía evitar el cierre de más plantas privadas de generación eléctrica no tiene posibilidad de prosperar.

Un pronunciamiento de la Procuraduría General de la República (PGR) descartó que el Gobierno pueda, mediante una directriz, autorizar que los generadores privados coloquen su energía en el Mercado Eléctrico Regional (MER).

Según la respuesta del asesor jurídico del Estado, una habilitación de esa naturaleza solo sería posible con una reforma de ley y no mediante la figura de una directriz.

Esta fue la conclusión a una consulta la planteada por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

De esta forma, fracasó la salida planteada por los empresarios, luego de que el Instituto decidió no renovar más sus contratos de compra de energía. El ICE es el único que por ley puede comprarla y además el único que puede salir a vender al mercado centroamericano.

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Con el criterio de la PGR, las plantas privadas seguirán poniendo candado a sus instalaciones mientras los diputados no aprueben una reforma de ley en la Asamblea Legislativa la cual podría tomar meses (en el mejor de los casos) o años.

Desde setiembre, el ICE no renovó contratos a generadores lo cual llevó a apagar cuatro plantas en el 2020. Otras dos se sumarían este año y otra en el 2022, según la Asociación de Productores de Energía (Acope).

Solo esas siete instalaciones para producción de energía limpia están valoradas en $47 millones.

A este viernes 28 de mayo, había 26 plantas privadas más con acuerdos vigentes con el ICE, según el Centro Nacional de Control de Energía (Cence).

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Mario Alvarado, director ejecutivo de Acope, dijo ser respetuoso del pronunciamiento, pero lamentó la realidad que encaran.

“Ese monopolio de exportación a favor del ICE nunca debió existir y ya va por 23 años. No hay ninguna justificación técnica para mantenerlo. Por eso insistimos en que se apruebe un proyecto de ley que habilite la exportación a la brevedad posible. Para eso se requiere que el Ejecutivo lo presente en la Asamblea Legislativa o convoque el existente en la corriente legislativa”, argumentó.

El vocero hizo referencia a la ley 7848, Aprobación del Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central, de noviembre de 1998, la cual consagró al ICE como único agente en ese mercado.

Recordó que Casa Presidencial se comprometió desde el 2 de febrero a impulsar un proyecto, según lo informó en el comunicado de prensa CP-118-2021. Entonces, dijo que el texto estaría listo en las siguientes semanas.

“Sin embargo, ya llevamos casi 17 semanas, y el texto no ha sido presentado. Nos preocupa enormemente percibir que no parece existir un sentido de urgencia sobre el tema que aumenta con este dictamen de la PGR. Por eso le pedimos al presidente enviar el texto a la máxima brevedad o más plantas se desconectarán junto al desperdicio de su energía limpia y barata”, solicitó.

Este viernes, La Nación hizo consultas al Ministerio de Comunicación, pero avanzada la tarde, seguía sin responder.

‘Improcedente’

La ley que autoriza a privados producir energía (Ley 7200) es restrictiva pues estos solo le pueden vender al Instituto, el cual, además, maneja los contratos a discreción. Los particulares tienen así prohibido vender a terceros dentro o fuera de Costa Rica.

En su afán por evitar cierres, Acope consiguió que el presidente les prometiera impulsar un plan de reforma legal a corto plazo para permitirles la venta en el MER con intermediación del ICE. La empresa pública recibiría un peaje al detentar la única representación tica en ese mercado.

Según los generadores, su llegada al MER parecía posible al amparo de dos reglamentos de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep). La idea la propuso Acope al juzgarla una alternativa administrativa sin necesidad de emitir nueva legislación.

Uno es el Reglamento de armonización regulatoria entre el Mercado Eléctrico Nacional y el Mercado Eléctrico de América Central y el segundo, el Reglamento de detalle de desarrollo de los procesos comerciales, operativos y de planificación de la armonización regulatoria entre el Mercado Eléctrico Nacional y el Mercado Eléctrico Regional.

A criterio de la Asociación, solo se requeriría firmar un contrato marco apoyados en el primer reglamento, en el cual se fijen obligaciones al productor privado y se aclare que la responsabilidad de exportar energía el MER es de cada empresa.

La Procuraduría difiere por completo.

Esta descartó que directrices particulares de la Aresep o del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) tengan validez legal, según consignó en el oficio C-119-2021 del 6 de mayo anterior, en respuesta a consultas de la jerarca del ICE, Irene Cañas Díaz.

Según la PGR, pretender habilitar por esa vía al ICE para colocar la energía de los privados en el mercado centroamericano implicaría invadir el campo de acción concreta del Instituto como institución autónoma, pues este ya tiene límites de competencia derivados de un régimen jurídico específico que una directriz no puede alterar.

“Ergo, una directriz de esa naturaleza resultaría improcedente”, indica el documento.

Considera la PGR que de permitirse al ICE prestarse como un mero intermediario para colocar la energía de otras empresas no habilitadas, “se estarían burlando esas exigencias del ordenamiento, en particular, la necesidad de contar con la condición de agente debidamente habilitado”.

La Procuraduría detalla que ni siquiera el propio ICE tiene la atribución legal de definir quiénes pueden intervenir con transacciones en el MER (directa o indirectamente), sino que ello le corresponde únicamente al legislador.

Esto implica emitir nueva legislación que expresamente declare a generadores privados como agentes autorizados para vender allí su electricidad.

“Ergo, muchísimo menos por vía de un reglamento autónomo podría pretender la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) imponer tal definición”, indicó la PGR.

“La regulación reglamentaria de la Aresep en orden a la figura del Contrato Marco para que el ICE funja como comercializador, carece de fundamento legal para desarrollar esa habilitación, de tal suerte que esa creación deviene improcedente a la luz de la jerarquía de las fuentes del ordenamiento jurídico”, reza el oficio.