El Fondo Nacional de Becas (Fonabe) utilizó en gastos administrativos ¢1.066 millones del dinero destinado a ayudar con becas a estudiantes pobres.
Así lo revelaron un informe de la Auditoría del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y una investigación de la Defensoría de los Habitantes.
Según la Auditoría, con esa suma de dinero se podría haber beneficiado a 7.456 niños de escasos recursos con una beca de ¢13.000 mensuales durante 11 meses.
Los fondos representaron el 7% del presupuesto del 2010, año en que a Fonabe se le giraron ¢13.604 millones.
Aquellos recursos fueron transferidos por la Dirección de Asignaciones Familiares (Desaf) como parte del 0,43% que, por ley, esta institución destina al Fondo de Becas.
La investigación de la Auditoría del Ministerio de Trabajo confirma que “este dinero fue utilizado para gastos administrativos del Fonabe sin el aval de la Contraloría General de la República (CGR), ni la autorización de la Desaf”.
Específicamente, el dinero se usó para pagar remuneraciones, servicios, compra de materiales y suministros, así como transferencias corrientes.
La Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, reformada por la ley número 8783, dice que “los recursos no pueden ser utilizados en ese tipo de gastos, razón por la cual deben ser reorientados”.
Sonia Calderón, presidenta de la Junta Directiva del Fonabe, aseguró ayer en una entrevista que la reforma legal que prohibía ese traslado de dineros comenzó a regir para el presupuesto siguiente.
“Fonabe tenía que ejecutar sus gastos operativos y lo venía haciendo tomando recursos de ahí. No hemos recibido reacción a esta respuesta que le dimos a la Auditoría”, explicó ayer la jerarca.
En la cita la acompañó Andrés Arce, director ejecutivo de la institución.
Más críticas. Aparte de la denuncia por el uso de esos fondos, la Defensoría de los Habitantes señala incumplimiento en los plazos para resolver solicitudes de subsidio y en el depósito de las becas.
En el primer caso, los trámites no se atienden en los tres meses establecidos, sino que pueden prolongarse por años.
Además, reveló la investigación, se rechazan peticiones, pese al cumplimiento de todos los requisitos, y no se comunica debidamente a los solicitantes los resultados de su gestión.
Problemas como estos fueron apuntados por la Contraloría General de la República en un informe del 2008-2009.
En cuanto al retraso en el depósito de las ayudas, los jerarcas de Fonabe atribuyeron la responsabilidad a la tardanza del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y de Desaf en hacer sus giros.
No obstante, como parte de la misma investigación de la Defensoría, rechazaron los atrasos.
Marielos Hernández, presidenta del PANI, dijo, además, que, si no se depositó a Fonabe, fue por la falta de explicaciones e inclusión de un superávit en el presupuesto de la institución.
Este martes, la misma Defensoría reveló que 47.000 niños no han recibido la ayuda en todo el 2012 por un lío entre Fonabe y el Banco Nacional. Tras la denuncia, la entidad financiera divulgó soluciones.
Falta comunicación. Dentro de las quejas planteadas ante la Defensoría, los beneficiarios critican el funcionamiento de los medios de acceso (línea telefónica) al Fonabe.
La empresa contratada para brindar este servicio es ITS, y los funcionarios del Fonabe destacan que la línea está saturada porque reciben más de 3.000 llamadas diarias. Sin embargo, este servicio permanece a la fecha sin funcionar.
La Defensoría de los Habitantes hizo también una encuesta a los comités de becas de las escuelas, la cual detectó una “comunicación ineficiente”, aparte de “capacitación insuficiente” y fallas en la atención de consultas mediante la línea telefónica.