A partir de mañana, el Estado costarricense se sentará, por segunda vez en su historia, en el banquillo de los acusados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta vez por la prohibición para practicar la técnica de fecundación in vitro (FIV).
El juicio se extenderá hasta este jueves y llega 11 años después de que nueve parejas demandaran a Costa Rica ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aduciendo que a raíz de un fallo de la Sala IV se les cerró la última posibilidad de procrear hijos, o al menos de intentarlo.
En el 2010, la Comisión emitió un informe al respecto y señaló que el Estado “violó derechos humanos fundamentales” de esas parejas, y envió el caso a la Corte Interamericana, donde ahora se determinará si esa apreciación es correcta o no, así como sus consecuencias.
Estas últimas van desde que no ha habido infracción a los derechos humanos, hasta la obligatoriedad de crear legislación que permita la técnica médica para embarazos.
Las sentencias de la Corte son inapelables y deben ser respetadas y ejecutadas por los Estados miembros, entre ellos Costa Rica.
A pocas horas de que se inicien las audiencias, todos los implicados dicen estar listos para demostrar que sus criterios particulares son los que deben prevalecer, según consultó este diario.
Entre ellos están los 18 demandantes y sus abogados, representantes de la CIDH y peritos a favor o en contra de la técnica.
También estarán frente a los jueces, la procuradora general Ana Lorena Brenes y la subprocuradora Magda Inés Rojas, quienes fueron nombradas por la Cancillería como agente y coagente para la defensa del Estado. A ellas se les suman otros cinco procuradores.
El caso ha tomado tal relevancia que diversas organizaciones internacionales, como el Centro de Derechos Reproductivos, ya enviaron delegados para presenciar el juicio que se realizará en la sede la Corte Interamericana en San Pedro de Montes de Oca, San José.
La Corte reconoce que la sala en donde se desarrollará el juicio es pequeña para la cantidad de medios de de comunicación y personas particulares que han manifestado que estarán presentes.
La primera vez que el Estado fue llevado a la Corte Interamericana fue en el 2004 para el caso del periodista Mauricio Herrera, en el cual el país fue condenado a crear los tribunales de apelación.
Puntos de vista. Las audiencias de este 5 y 6 de setiembre se iniciarán a las 9 a. m.
De acuerdo con un comunicado de la Corte Interamericana, se escuchará “la declaración de dos presuntas víctimas (...), dos peritos propuestos por la Comisión Interamericana y dos peritos propuestos por el Estado”.
También tendrán participación frente a los jueces los abogados de los demandantes y del Estado, así como “un espacio para las observaciones de la Comisión Interamericana”, dice un boletín divulgado días atrás.
Recta final. Boris Molina, representante legal de 12 de los 18 demandantes, dijo que apelarán a la violación de derechos en que incurrió el Estado, así como “al daño que se provocó y que ya no tiene solución”, en alusión a que de las nueve mujeres demandantes, actualmente solo una tiene la edad para intentar una fecundación in vitro.
Hubert May, defensor de los restantes seis demandantes, agregó que insistirán en que el fallo de la Sala IV del año 2000 violentó “el derecho a la salud y a la familia”.
Grettel Rodríguez, procuradora y defensora del Estado, dijo, por su parte, que como el caso sigue siendo confidencial para la Corte, no se pueden referir al tema.