La Fiscalía allanó este miércoles la Municipalidad de Golfito para recopilar pruebas sobre dos causas penales.
En el municipio se investigan los presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación de fondos, peculado, influencia en contra de la Hacienda Pública y concusión (cuando un funcionario obliga a otro a dar o prometer un bien para sí o para un tercero).
Según la Fiscalía, funcionarios habrían cobrado servicios municipales de forma indebida, como por ejemplo inspecciones; también se indaga si ha existido una gestión irregular de permisos de construcción y concesiones dentro de la zona marítimo terrestre.
Aún no hay personas imputadas, pero con las pruebas decomisadas este miércoles se podrían identificar responsables de la presunta comisión de los delitos.
El alcalde de Golfito, Elberth Barrantes, aseguró que los hechos investigados habrían ocurrido entre el 2013 y 2015, cuando él aún no era alcalde.
Barrantes indicó que el municipio se pronunciará oficialmente cuando “el proceso del allanamiento termine y nos den algunas actas o información para poder concretar algo en específico”.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) asumió estos casos a finales del 2017, como parte de la política de persecución penal definida por la fiscala general, Emilia Navas, para combatir la corrupción en las municipalidades.
Este mes también fueron allanados los gobiernos locales de Nicoya, donde se investiga al alcalde Marco Antonio Jiménez Muñoz por presunta legislación o administración en provecho propio, y de Santa Cruz, donde hay una causa penal abierta contra la alcaldesa María Rosa López Gutiérrez por supuestos nombramientos irregulares.
Asimismo, hay investigaciones contra el alcalde de Limón, Nestor Mattis Williams, por supuestas anomalías en contratos para la construcción de aceras y del mercado municipal de esa ciudad, y el alcalde de Paraíso, Marvin Solano Zúñiga, por presuntas irregularidades en la construcción de un motel.