La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) responsabilizó al Senara por el desabastecimiento de agua y los problemas para planificar el crecimiento urbano en las zonas altas de Heredia.
Según la ESPH, tiene dos años de gestionar sin éxito las autorizaciones para perforar tres pozos que resuelvan la situación de los cantones San Isidro y San Rafael.
No obstante, alegan, eServicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamientos (Senara) rechaza las solicitudes amparado en estudios desactualizados.
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El Senara refutó tal argumento y sostiene que la demanda supera la oferta hídrica.
Por esta razón, consideran que no deben permitirse perforaciones, como las que pretende la ESPH, mientras no se instalen medidores en pozos con caudales mayores a los 10 litros por segundo y se pueda reevaluar la extracción.
Según el Senara, su estudio de 2007 Recarga Potencial del Acuífero Colima y Barva, Valle Central, Costa Rica determinó que la recarga potencial calculada para los acuíferos Barva (en esa zona) y Colima fue de 9,720 litros por segundo y la extracción calculada por medio de pozos legales e ilegales al 31 de diciembre del 2006 (registrados en Senara) fue de 9.870 litros por segundo.
La presión de la Empresa de Servicios Públicos aumenta porque desde el 2014, sobre la zona alta de Heredia pesa una restricción para otorgar disponibilidades de agua que tiene varada la construcción .
Además, estima que de mantenerse la situación actual, unas 50.000 personas se verían afectadas por la falta de infraestructura hídrica en los próximos años.
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“Con este panorama, los permisos siguen detenidos, lo que afecta directamente el abastecimiento de agua de la población, a pesar de la obligación del Estado de garantizar el agua para uso poblacional”, alegó.
El Senara recordó el reciente voto de la Sala Constitucional en el cual respaldó a una Asociación Administradora de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (Asada) de Guanacaste, que rechazó una solicitud de disponibilidad de agua en Guanacaste, ante la necesidad de recuperación de un acuífero.
Con ese mismo propósito, el Gobierno alista prohibir la perforación de pozos por tres años en la bajura guanacasteca.