Un estudio de la Contraloría General de la República reveló que las municipalidades aumentaron su endeudamiento en un 91% entre el 2015 y el 2019.
El cálculo se hizo basado en un análisis del comportamiento de 15 gobiernos locales que fueron tomados como muestra.
De acuerdo con el informe N.° DFOE-DL-SGP-00002-2020, con fecha del 29 de julio de este año, en el período comprendido entre 2015 y 2019; 66 municipalidades registraron ingresos totales por financiamiento mediante préstamos por ¢80.501 millones.
Según datos de la Dirección General de Crédito Público (DGCP), del Ministerio de Hacienda (MINHAC), el endeudamiento municipal pasó de ¢45.327 millones en 2015 a ¢86.888 millones en 2019.
Dichos recursos son utilizados para la ejecución de proyectos tales como obras viales, acueductos y alcantarillados, mercados municipales, sistemas informáticos y edificios de los gobiernos locales.
Según detalla el documento, al recibir esos fondos los ayuntamientos deben comprometer ingresos corrientes futuros para la atención del servicio de la deuda (intereses y amortización).
Eso implica que los gobiernos locales deben incorporar en sus presupuestos contenido suficiente en las partidas de gastos para cumplir con los compromisos adquiridos.
De acuerdo con la información de la Contraloría, el pago por concepto de intereses y amortización pasó de ¢8.336 millones en 2015 a ¢10.141 millones en el 2019 (21,7 % de variación), y el monto acumulado en ese período ascendió a ¢54.931 millones.
Los fondos para hacer frente a esos compromisos se obtienen principalmente de los recursos provenientes de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, N.° 8114, tasas por la prestación de servicios municipales, recaudación de diversos impuestos, como bienes inmuebles, patentes y permisos de construcción.
Vivian Garbanzo, gerente de Desarrollo Local, agregó que en la muestra analizada se encontraron con que 13 gobiernos locales reconocieron la ausencia de normativa interna, incluidos manuales de procedimientos y una unidad encargada de gestión crediticia, además en 14 de los 15 municipios no se tienen políticas institucionales para el endeudamiento.
También se encontraron con diferencias entre las cifras reportadas por la Dirección General de Crédito Público y los registros de los propios gobiernos locales, que en algunos casos son hasta del 52%.
Los municipios fiscalizados fueron Abangares, Pérez Zeledón, Alajuela, San Pablo, Buenos Aires, San Ramón, Corredores, Santa Ana, Dota, Santa Bárbara, Guatuso, Santo Domingo, Liberia, Naranjo y Zarcero.
Según la Contraloría, la selección se basó en la cantidad de ingresos provenientes de endeudamiento, presupuestados para el 2019.
82 realidades distintas
La directora ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, Karen Porras, aseguró que en el informe se identifican algunos puntos fuera de contexto y que se basó en la muestra de las 15 con mayores niveles de endeudamiento, pero los gobiernos locales del país reflejan 82 realidades distintas.
“La información en algunos periodos de 2015 a 2019 indica que se duplicó el endeudamiento, pero nunca se hace un comparativo con el nivel de ingreso de las municipalidades.
“Por ejemplo, los recursos destinados a la Red vial cantonal se han triplicado en los últimos 5 años porque hubo una reforma con la ley 9329 que pasó de transferir el 7,25% de la recaudación de combustibles al 22,25% a los Gobiernos Locales del país”, explicó.
Porras añadió que ese endeudamiento representa aproximadamente un 2,3% de los presupuestos municipales.
“De igual forma hay que tener presente que lo presupuestado no es igual a lo ejecutado, muchas veces las municipalidades presupuestan un préstamo que aún ni siquiera se ha aprobado, se encuentra en estudios técnicos u otros procesos”, añadió.
Las municipalidades están facultadas para obtener recursos por la vía del endeudamiento mediante dos figuras: préstamos y la emisión de bonos.
Uno de los requisitos establecidos en el Código Municipal para solicitar créditos es que estos sean aprobados previamente por parte del Concejo Municipal.
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Los ayuntamientos deberán enfrentar este año una rebaja de más de ¢20.000 millones en las transferencias que reciben de parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), debido al recorte en el presupuesto de la República aprobado en segundo debate la semana anterior.