Empresas y asociaciones extranjeras interesadas en el despliegue de 5G en Costa Rica criticaron el borrador de condiciones para optar, mediante una subasta, por bandas de transmisión en el país, concurso a cargo de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel).
Una de las objeciones es que se impida a los posibles licitantes utilizar las torres de transmisión ya existentes en el país. Estas estructuras son las estaciones base para llevar la señal de 5G hasta los usuarios.
Otra queja es que se otorgue un año para instalar 60% de la infraestructura requerida para 5G (torres, radiobases y otros equipos) a las compañías que obtengan la concesión de las frecuencias; el 40% restante se instalaría al cabo de dos años.
Es decir, este tejido de puntos de transmisión habría de completarse en dos años y cubrir 134 distritos considerados prioritarios por Sutel.
La Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (Asiet) criticó esta restricción, argumentando que afecta el cálculo de los costos de implementación y, por lo tanto, el interés de los participantes en la licitación del espectro. También plantea interrogantes sobre si es rentable y sostenible el gasto financiero en estas circunstancias, al considerar que los plazos fijados son difíciles de cumplir.
Maryleana Méndez Jiménez, secretaria general de Asiet y expresidenta del Consejo Directivo de Sutel (2009-2017), señaló que no está claro cuál es el objetivo de esa cláusula y advirtió de que la adquisición, instalación y configuración del nuevo equipo para aprovechar el espectro ya garantiza más inversión en el sector.
La representante de la Asociación solicitó que las condiciones en el documento final sean técnicamente viables.
Ante consultas realizadas a la Sutel, la entidad señaló que no puede emitir comentarios en este momento sobre las observaciones recibidas debido a que se encuentra analizándolas para evaluar posibles modificaciones en los términos de referencia antes de llevarlos a una consulta pública formal.
La Superintendencia explicó que sí emitirá un informe final en los próximos días, en el cual se pronunciará acerca de este tema.
La empresa mexicana América Móvil, que opera como Claro, también pidió a la Sutel que considere principios de eficiencia económica y fomente el uso eficiente de las instalaciones existentes.
Asimismo, pidió minimizar el impacto ambiental y permitir el uso de torres ya existentes siempre y cuando no se comprometa la calidad del servicio. También solicitó revisar los plazos para desplegar inversiones.
La compañía estadounidense Liberty Latin America planteó una enmienda similar, argumentando que sería irrazonable y desproporcionado que los futuros concesionarios de las bandas incurran en gastos financieros para construir nuevas torres.
Igualmente alegan que contar con solo dos años para desplegar toda la infraestructura necesaria representa un desafío.
Otras críticas
Liberty sostiene que la obligación de erigir nuevas estructuras contraviene el propósito de la Ley General de Telecomunicaciones, que busca la utilización efectiva y eficiente del espectro. Según su argumento, los concesionarios actuales, al contar con un mayor espectro, pueden ampliar su cobertura aprovechando sus instalaciones ya existentes.
En adición, se ampara en compromisos suscritos en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos (EE. UU.), Centroamérica y República Dominicana (Cafta), los cuales establecen que la asignación y el uso de recursos limitados, como frecuencias y derechos de vía, deben ser gestionados de manera imparcial, oportuna y transparente por una entidad reguladora competente.
Estas críticas y sugerencias se dirigen hacia un borrador de prelicitación que incorpora condiciones basadas en los objetivos de política pública trazados por el Poder Ejecutivo.
Dichas condiciones implican obligaciones para el despliegue de la tecnología 5G, incluyendo estándares mínimos de calidad, requisitos relacionados con la seguridad de las redes, equilibrio ambiental y salvaguardia de los derechos de los usuarios, entre otros aspectos.
Los posibles concesionarios deberán acatar estas condiciones una vez que se lleve a cabo la subasta de espectro (una vez publicado el cartel definitivo para esa puja) y luego de la adjudicación de las bandas de transmisión para 5G por parte del Gobierno que, además, requiere aprobación por parte de la Contraloría General de la República.