La puesta en funcionamiento de una nueva metodología de cálculo para las tarifas de bus tuvo un camino empedrado.
El modelo que vino a sustituir otro con 20 años de vigencia, requirió seis años de negociaciones y consultas con cámaras de autobuseros, Defensoría de los Habitantes, Consejo de Transporte Público (CTP) y grupos de consumidores.
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Los sectores presentaron dudas y cuestionamientos, que alcanzaron su culmen en el 2015, en talleres organizados por la Aresep.
El tema también fue a dar a la Sala Constitucional que declaró sin lugar tres acciones contra la audiencia pública para discutir la propuesta. La diligenciase realizó el 14 de diciembre.
Luego de todas estas discusiones, la Junta Directiva de la Aresep aprobó el método el 29 de febrero, pero eso no apaciguó las dudas pues incluso, un diputado acompañó, en mayo, a un grupo de autobuseros para reiterar las dudas.
En junio, el recién llegado regulador general, Roberto Jiménez, anunció la creación de otra comisión técnica interinstitucional para “analizar alcances de la nueva metodología, aclarar dudas e inquietudes, y así facilitar la comunicación”.
Dos meses más tarde, se anunció la aplicación de la fórmula con la firma Autotransportes Cesmag, que da servicio a comunidades del cantón de Montes de Oca y La Unión. Se estimó que el resultado sería una baja, la cual aún no sea aplica.
Enrique Muñoz, intendente de Transportes de la Aresep, aseguró que no hay pedidos de ajuste en autobuses.
“De 200 fijaciones tarifarias al año en toda la Aresep, 80% eran de autobuses. Recibíamos unas 15 solicitudes al mes de los empresarios. Desde marzo, ninguna ha ingresado”, afirmó.