San José
Siete de los nueves diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa aprobaron, este jueves, un informe que señala "negligencia" y "corrupción" por parte de funcionarios de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) en la forma en que se han calculado las tarifas de buses en los últimos años.
Además, piden que se inhabilite para ejercer cargos públicos al actual regulador general, Dennis Meléndez, a toda la Junta Directiva de la Autoridad, el actual intendente de Transportes, Enrique Muñoz Aguilar, y varios exfuncionarios y que el informe de los legisladores se remita al Ministerio Público para que se indaguen posibles responsabilidades penales.
El informe emitido por la comisión legislativa destaca que "desde el año 2012, en la fijación o cambio de tarifas por parte de la Aresep, se volvió rutinario y violatorio de la Ley N° 7593, la utilización de las fijaciones de carácter extraordinario, las cuales dejaron de ser la excepción de la ley y se convirtieron en la regla de cálculo".
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Además, se indica que "en el caso de las fijaciones de carácter extraordinario, el ente regulador ha distorsionado los cálculos al establecer una periodicidad de cada seis meses y al incorporar información incorrecta en las fórmulas (un mayor tipo de cambio en el año 2011 y costos e inversiones ya reconocidos en el año 2012)".
Para emitir el informe, los diputados llamaron a comparecer al regulador general de la Aresep, Dennis Meléndez, el intendente de Transportes, Enrique Muñoz, el director del Consejo de Transporte Público (CTP), Mario Zárate y la Representante de la Red Solidaria Nacional, Olman Bonilla.
Las cuatro personas rindieron sus testimonios y respondieron las preguntas de los legisladores el pasado 25 de junio.
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El diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Ottón Solís, quien es parte de la comisión legislativa, explicó vía telefónica que existen dos grandes problemas que se evidenciaron en la investigación, sobre la forma en que se calculan los ajustes tarifarios para el servicio de autobús en el país.
Solís señaló en primera instancia la forma en que las empresas de autobuses calculan la cantidad de pasajeros de las ruta.
Al respecto el informe indica: "Las empresas que tienen rutas con varias tarifas presentan información distorsionada sobre la cantidad de pasajeros que utiliza el servicio de transporte, al dividir la totalidad de ingresos entre la tarifa mayor, lo que conlleva a que reporten una menor demanda de pasajeros transportados (lo cual realizan mediante una simple declaración jurada), justificando así mayores tarifas".
Ottón Solís también se mostró preocupado porque la Aresep permite a los transportistas incluir toda la flota de buses para el proceso de fijación tarifaria.
"La Aresep contabiliza, para la fijación tarifaria, no sólo los costos relacionados con los buses que están operando efectivamente (la flota titular), sino también los de buses que no están en operación (la flota de reserva), con lo cual reconoce costos que no corresponden y sobrevalua aún más las tarifas. Esto implica una ganancia extra injustificada para las empresas a costa del bolsillo de los usuarios", indica el documento.
Según los diputados, la Aresep ha utilizado fijaciones extraordinarias de tarifas para buses en el país desde el 2012.
El Tribunal Contencioso- Administrativo ha anulado algunas las resoluciones de ajustes tarifarios de buses del 2012 y 2013 y condenó a la Aresep al pago de ¢443 millones de acuerdo con datos de la Contraloría General de la República (CGR).
"Aún faltan las sentencias e indemnizaciones del 2014 y 2015. Dichas decisiones, negligentes e irregulares, provocan que finalmente sean los usuarios quienes paguen y continúen pagando, a través de aumentos en las tarifas, las indemnizaciones establecidas por los Tribunales", se extrae del informe.
Los diputados también evidenciaron que los ajustes de tarifas son aprobados por el Intendente de Transportes debido a que así se contempla en el Reglamento Interno de Operación y Funciones de la Aresep.
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Bajo este supuesto, los legisladores ratifican a un regulador general que no regula las tarifas y en su lugar, otro funcionario nombrado por la junta directiva de la Aresep asume esa responsabilidad, cuestiona el informe 19.519.
Recomendaciones de los diputados. La Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público pidió al plenario legislativo que envíe el informe al Ministerio Público para "que valore e investigue si los hechos descritos constituyen delito de incumplimiento de deberes".
La investigación se solicita contra el regulador general de la Aresep, Dennis Meléndez; la exdirectora de la junta directiva de la Aresep, Sylvia Saborío; los actuales directivos de esa entidad, Edgar Gutiérrez López y Pablo Sauma Fiatt; el intendente de Transportes, Enrique Muñoz Aguilar; el exdirector de Asesoría Jurídica, Juan Manuel Quesada; el exdirector del Centro de Desarrollo y Regulación, Guillermo Monge y el exdirector de Servicios de Transporte, Carlos Solano.
Los legisladores también piden la inhabilitación de estos funcionarios para ocupar cargos públicos durante cuatro años.
El presidente de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto y diputado de Alianza Demócrata Cristiana, Mario Redondo, explicó que la investigación arrojó datos interesantes en los que se evidencian actos abusivos por parte de la Aresep contra los usuarios del servicio de buses.
Se pedirá a la Aresep que cumpla la ley en cuanto a la fijación de tarifas de forma ordinaria y extraordinaria.
"Solicitar (al Consejo de Gobierno) el cese del regulador general y de los miembros responsables de la Junta Directiva de Aresep por incurrir en negligencia o falta grave, debidamente comprobada, contra el ordenamiento jurídico en el cumplimiento de los deberes de su cargo", indica el documento.
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En tanto, los legisladores piden a la Junta Directiva de la Aresep que destituya al intendente de Transportes, Enrique Muñoz, "por aprobar tarifas que el propio Regulador consideró "irracionales, arbitrarias y absurdas", según consta en el Acta de la Sesión N° 9 de la Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y Gasto Públicos del 25 de junio de 2015 y con lo cual perjudicó a miles de ciudadanos en diversas zonas del país".
Informe sesgado. La Aresep informó, vía comunicado de prensa, que rechaza el informe "sesgado" que emitieron los legisladores este jueves.
El regulador general, Dennis Meléndez, indicó "son lamentables las conclusiones a las que llegan los diputados con base en el criterio de un asesor de empresas de autobús. Es una simple lluvia de ideas sin sustento técnico ni jurídico. No existe fundamentación para las afirmaciones que contiene este informe, no es un criterio objetivo elaborado por terceros, sino totalmente parcializado".
"Existen muchos intereses para que no haya una metodología de autobús, con reglas más claras y definidas. Es muy curioso que este informe salga a la luz pública a tan solo dos días de someter a audiencia pública la nueva propuesta de metodología que mejorará el modelo de hace 20 años", añadió el jerarca.
La Aresep adujo que durante los últimos años ha intentado mejorar la metodología con la que se calculan las tarifas de pasajes bus debido a que es una fórmula de hace dos décadas, aprobada por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).