San José.
Diputados de dos partidos políticos solicitaron al Ministerio Público abrir de oficio una investigación en contra del director ejecutivo del Consejo de Transporte Público (CTP), Mario Zárate, a quien atribuyen supuestas irregularidades en la operación de las rutas de autobuses del país.
El grupo también le atribuye la supuesta comisión del delito de falsedad ideológica, porque supuestamente mintió en una comparecencia en la Asamblea Legislativa, realizada el 22 de febrero pasado, en la que declaró bajo juramento.
Ese día, alegan los denunciantes, habría inducido a error a otros diputados cuando fue consultado sobre el estado actual de las concesiones de autobuses y sobre el cierre del CTP.
Los legisladores también solicitaron al presidente Luis Guillermo Solís que lo destituya.
El llamado lo hicieron la tarde de este miércoles, en conferencia de prensa, los congresistas Patricia Mora y Frank Camacho del Partido Frente Amplio y Marcela Guerrero, Nidia Jiménez y Javier Cambronero, del Partido Acción Ciudadana (PAC).
Los legisladores atribuyen al funcionario permitir que los servicios de autobús se presten hace años sin que el CTP haya realizado estudios de calidad y sin confirmar el cumplimiento de los requisitos para otorgar concesiones.
Estos aseguraron que en próximos días remitirán documentos probatorios al Ministerio Público para facilitar el trabajo de investigación contra Zárate.
La Nación procuró contactar al funcionario del Consejo de Transporte Público, pero al cierre de esta publicación no fue posible.
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¿Falsedad? Según Marcela Guerrero, el pasado 22 de febrero se le consultó a Mario Zárate sobre cuántas rutas de autobús estaban en concesión, y él respondió que al menos 160 de 540 vigentes a enero de este año. Al preguntársele si estas habían recibido el refrendo correspondiente, Zárate declaró:
"Hay un acto subjetivo que les renovó la concesión que tiene la eficacia jurídica suspendida de manera transitoria, según la Procuraduría General de la República", y así lo consigna el acta de esa sesión divulgada hoy por los legisladores.
Estos afirman que el término "eficacia jurídica suspendida de manera transitoria" no existe como figura jurídica en Costa Rica y que la misma Procuraduría, consultada por el despacho de Guerrero, respondió el 15 de marzo que, tratándose del servicio público de transporte de personas, modalidad autobuses, la concesión tiene naturaleza contractual.
"La peculiaridad de ese contrato es que, para su eficacia, requiere de la Aresep. En el dictamen 165-2014 la Procuraduría hizo énfasis en la necesidad de que la renovación sea producto de estudios técnicos, que garanticen la calidad del servicio y la satisfacción de las necesidades de los usuarios al momento de que el contrato se renueva. Requerida la renovación, se plantea el tema de un nuevo contrato y de requisito para su eficacia", respondió la Procuraduría en el oficio OJ-032- 2017.
Los legisladores denuncian que desde el 2015 el CTP (cuando Zárate ya era director ejecutivo) otorgó permisos preliminares a los concesionarios, mientras estos cumplían los requisitos para refrendarles los contratos. No obstante, los autobuseros siguen operando como permisionarios en vez de concesionarios.
Para los congresistas, la continuidad de los transportistas bajo la modalidad de permisos ha puesto a la Administración en un Estado de "tolerancia".
"El funcionario Mario Zárate miente. Ese refrendo no se otorgó a ninguna ruta porque en el 2014, cuando había de renovarse la concesión a la rutas, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos se negó a dar su refrendo por falta de estudios de calidad. Ninguna ruta de servicio en este país tiene un estudio de calidad aprobado", declaró Marcela Guerrero.
"La opacidad es lo que ha imperado en el CTP. Vemos cómo se inclina la balanza en favor de ciertos sectores empresariales. En la Comisión de Asuntos Económicos se dieron una serie de distorsiones y esto molesta a este grupo de diputados, porque es necesario cerrar el CTP y la Procuraduría nos da la razón", expresó el diputado Javier Cambronero.
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