Por "mentir" en una comisión legislativa sobre la modalidad en que operan los autobuseros, es que los diputados de varias fracciones solicitaron, este lunes al Ministerio Público, investigar al director del Consejo de Transporte Público (CTP), Mario Zárate.
Así lo informó la diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), Marcela Guerrero, quien dijo que la solicitud se hizo luego de que el pasado 2 de febrero Zárate dijera en la Comisión Legislativa de Asuntos Económicos que en el país operaban 160 concesionarios, que son autobuseras con contratos formales dados por el Estado para operar rutas.
Sin embargo, la Procuradoría General de la República le confirmó a los diputados que ningún autobusero ha aportado la información necesaria para el refrendo de los contratos, por lo tanto, todos, actualmente, operan bajo la figura de permisionarios.
Los permisionarios o permisos “en precario” son autorizaciones informales para brindar un servicio de transporte en un recorrido específico a falta de concesionario.
Según Guerrero, las declaraciones de Zárate tuvieron la intención de inducir a error a los diputados de Comisión donde, justamente, se estaba discutiendo el expediente N°19.252, que pretende el cierre del CTP.
"La Procuraduría desmintió en todos sus extremos la afirmación de Zárate y aclaró que todos los autobuseros del país únicamente cuentan con permisos en precario. (Zárate) Mintió porque no hay ningún concesionario. La Aresep no ha refrendado los contratos ya que los autobuseros deben seguir una serie de parámetros, al no tenerlos, hace que los operadores de ruta incumplan una serie de requisitos", dijo la legisladora.
Este medio intentó obtener la posición del director del CTP, pero no contestó llamadas ni mensajes.
En 2015, La Nación publicó que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) dejó sin aumento de tarifa a 160 concesionarios de rutas de autobús por falta de información en sus contratos. Los empresarios no entregaron datos de buses, rutas, horarios y deudas estatales
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"Consideramos que las declaraciones falsas de un alto funcionario público ante el Primer Poder de la República, consignadas en un documento público, constituyen los delitos de incumplimiento de deberes y de falsedad ideológica, así como resultan en grave perjuicio del interés público... El jerarca del CTP debe ser investigado, máxime si llegó al Parlamento a mentir o a tratar de inducir a error a Legisladores mientras ejercían sus funciones constitucionales de control parlamentario y formación de la Ley", se consignó en la petición enviada al Ministerio Público.
La petición fue firmada por los diputados del PAC, Marcela Guerrero, Marvin Atencio, Nidia Jiménez, Marlene Madrigal, Epsy Campbell, Franklin Corella y Javier Cambronero; Patricia Mora, Suray Carrillo, Edgardo Araya, Jorge Arguedas y José Ramírez, del Frente Amplio; y Juan Marín, del Partido Liberación Nacional.